Sobre la "CARTA ABIERTA" de la abogacía bonaerense.

    Hemos tomado conocimiento de la "Carta Abierta” emitida por los presidentes y presidentas de colegios departamentales de abogados integrantes del ColProBA dirigida a los legisladores nacionales y cuyo contenido fuera hecho circular entre todos los matriculados en la provincia.

    Surge de ella que expresan "preocupación y desacuerdo” con el decreto de necesidad y urgencia 70/23” y “critican" el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo mediante Mensaje 7/2023, destacando que "introducen modificaciones sustanciales en diversas áreas legales, como relaciones civiles, comerciales, laborales, género y diversidad, legislación penal, administrativa y electoral”.

    El pronunciamiento puede ser calificado, por lo menos, de tibio y pusilánime.            

    Por mucho menos, por ejemplo, ante la discusión parlamentaria sobre impuestos aduaneros para la exportación agropecuaria, hace poco más de una década,  esos mismos organismos denunciaron con vehemencia afrontas constitucionales, jaques a las instituciones de la república y atentados contra la división de poderes (por cierto, se destacó entre ellas la "Declaración del Bicentenario" del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen).                  

    Pero ahora, ante dos paquetes normativos espeluznantes, con el DNU 70 en plena vigencia y el proyecto de ley ómnibus en pleno tratamiento, los que avasallan sin contemplaciones el sistema institucional argentino, derogando y/o modificando leyes a mansalva en forma palmariamente inconstitucional y sediciosa, en COLPROBA se ajustan a cuestionar los cambios proyectados sobre algunas incumbencias profesionales limitándose solamente a expresar "preocupación y desacuerdo”, dejando pasar el resto de los atropellos, que van desde la derogación de la moral como uno de los estándares para el ejercicio regular de los derechos hasta la eliminación del orden público como condiciones fundamentales para la convivencia social.                  

    Es lamentable que estos órganos de la colegiación vuelvan a adoptar las posiciones cómplices de nuestras peores épocas, aquellas en las que mientras se miraba para otro lado se obtenían “conquistas” con la legislatura provincial cerrada (v.g. Decretos Leyes 8838 y 8904 de 1977 o Decreto 1382 de 1981).

    La posición adoptada no solo es liviana sino genuflexa. Emitir una “carta abierta” en los términos escogidos mientras se renuncia -como representantes de un colectivo calificado- a defender la Constitución Nacional mediante los mecanismos disponibles, los que se ha decidido no utilizar.