Aumento de los suicidios

  Los datos oficiales muestran que la tasa de suicidios viene aumentando en Argentina de manera sostenida durante la última década. Lo que durante años fue abordado como un fenómeno marginal o invisibilizado por el estigma, hoy aparece consolidado como una de las principales expresiones del malestar social contemporáneo.

   Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país, con una tasa de 9,8 muertes cada 100.000 habitantes. Es récord histórico y equivale, estadísticamente, a una muerte cada dos horas. Desde 2023, además, el suicidio pasó a ser la principal causa de muerte violenta en Argentina, superando a los fallecimientos por siniestros viales y duplicando ampliamente a los homicidios dolosos.

   Durante años Argentina promedió poco más de 3.100 suicidios anuales. Sin embargo, el crecimiento se aceleró en el período reciente, especialmente después de la pandemia y en un contexto de deterioro económico prolongado. El problema dejó de ser excepcional para transformarse en estructural. Parte de esa evolución también responde a una mejora en los sistemas de registro y clasificación de las muertes violentas, lo que obliga a introducir una advertencia metodológica importante: probablemente existió durante décadas un significativo subregistro.

  Las propias fuentes oficiales reconocen que históricamente numerosos suicidios eran clasificados como accidentes o “causas indeterminadas”, debido tanto a limitaciones técnicas como al peso cultural, social o religioso asociado al tema. El cruce más riguroso entre bases sanitarias y judiciales, implementado en los últimos años, volvió más precisas y homogéneas las estadísticas actuales. Por eso, aunque el incremento es real, también debe interpretarse considerando que parte de la diferencia respecto de décadas anteriores puede obedecer a una mayor capacidad estatal de detección y sistematización.

La crisis juvenil

   Uno de los aspectos más preocupantes del cuadro argentino es su distribución por edades. El aumento no afecta de manera homogénea a toda la población. El crecimiento más alarmante aparece entre adolescentes y jóvenes adultos.

   En la franja de 10 a 19 años, el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, las tasas específicas superan ampliamente los promedios históricos de la población general. A su vez, las personas de entre 15 y 34 años concentran más de la mitad de los suicidios consumados del país. El grupo de 20 a 29 años aparece reiteradamente entre los segmentos de mayor letalidad.

   También existe una fuerte diferencia de género. Las mujeres presentan mayores niveles de intentos de suicidio, particularmente entre los 15 y 24 años. Sin embargo, los hombres consuman el acto con una frecuencia considerablemente mayor, en parte por la utilización de métodos más letales y por menores niveles de búsqueda de ayuda profesional.

   La distribución territorial tampoco es uniforme. Las provincias patagónicas mantienen históricamente tasas elevadas, mientras que regiones del NOA y NEA experimentaron uno de los crecimientos más acelerados de los últimos años. Las grandes concentraciones urbanas, como Buenos Aires y CABA, reúnen el mayor número absoluto de casos, aunque con tasas proporcionalmente inferiores a las del norte y sur del país.

Las explicaciones académicas

   Las principales instituciones y especialistas que investigan el fenómeno coinciden en que no existe una causa única. El suicidio es entendido como un fenómeno multicausal, donde confluyen variables económicas, culturales, sanitarias y subjetivas.

   Desde ámbitos académicos como la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Fundación INECO, UNICEF Argentina y especialistas en suicidología, se destacan varios factores concurrentes.

Uno de ellos es el deterioro del tejido social. Las crisis económicas recurrentes, la pérdida de estabilidad laboral, el avance de la pobreza y la incertidumbre permanente generan escenarios de sufrimiento psíquico prolongado. Cuando desaparecen las perspectivas de futuro, se debilitan también los vínculos de pertenencia y los proyectos personales.

   Otro aspecto señalado es el impacto de la cultura digital sobre adolescentes y jóvenes. Redes sociales, hiperexposición, validación algorítmica, aislamiento, ciberacoso y pérdida de vínculos presenciales aparecen como variables reiteradamente estudiadas. La pandemia profundizó esas dinámicas al reducir durante largos períodos los espacios físicos de socialización y contención.

   También existe consenso sobre las dificultades de acceso a la salud mental. Hospitales públicos saturados, escasez de profesionales, tratamientos discontinuos y aumento de la demanda forman parte de un escenario crítico que las políticas públicas no logran revertir con suficiente velocidad.

  Finalmente, diversos especialistas advierten sobre un fenómeno cultural más profundo, que es la creciente dificultad para construir espacios de escucha emocional. Particularmente en los varones persisten mandatos de autosuficiencia y silenciamiento afectivo que desalientan la búsqueda temprana de ayuda. La soledad emocional contemporánea, muchas veces disimulada detrás de hiperconectividad permanente, aparece como uno de los rasgos más inquietantes del problema.

Algo más que una estadística

  Existe el riesgo de analizar estas cifras únicamente desde la lógica de los números. Pero detrás de cada registro hay una biografía quebrada, una familia atravesada por el dolor y una comunidad que muchas veces no encuentra herramientas para comprender lo sucedido.

  La sociedad contemporánea parece haber desarrollado una enorme capacidad para producir conexión tecnológica, pero no necesariamente vínculos humanos sólidos. Por eso el aumento de los suicidios puede leerse también como un indicador extremo de fragmentación social, precariedad emocional y pérdida de horizontes colectivos.

   Aunque las estadísticas sean indispensables para comprender la magnitud del fenómeno, probablemente el verdadero desafío no sea solamente sanitario. También es cultural, educativo, económico y comunitario.

IMPORTANTE: Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de crisis o sufrimiento psíquico, recordá que el suicidio es prevenible. En Argentina existen canales de asistencia gratuitos y confidenciales las 24 horas como la Línea Nacional de Urgencia en Salud Mental al 0800-999-0091, y el Centro de Asistencia al Suicida marcando el 0800-345-1435, desde todo el país.

RUTA 5: MÁS PEAJES, CHAU AUTOVÍA

Las condiciones de la nueva concesión por 20 años no contemplan obras significativas de ampliación estructural. No habrá duplicación integral de calzada ni transformación en autovía. 

    La reciente adjudicación de nuevos corredores viales por parte del Gobierno Nacional vuelve a poner en debate el modelo de concesiones sobre rutas estratégicas argentinas. Bajo la denominada “Red Federal de Concesiones”, la administración nacional decidió transferir al sector privado la explotación y mantenimiento de extensos corredores, incluyendo una de las rutas más importantes y conflictivas de la Provincia de Buenos Aires como la Ruta Nacional 5.

    El discurso oficial promete inversión privada y ausencia de subsidios estatales.  Pero detrás de esa narrativa aparecen definiciones concretas que impactarán directamente sobre los usuarios tales como peajes más altos, posibilidad de nuevas estaciones de cobro y contratos de explotación extendidos por décadas, sin garantizar obras estructurales de fondo.

     La Ruta 5 quedó incluida dentro de la Etapa II-A de la Red Federal y del denominado “Tramo Pampa”. El corredor adjudicado comprende aproximadamente 547 kilómetros entre Luján y Santa Rosa, atravesando buena parte de nuestro oeste bonaerense. La concesión fue otorgada por veinte años a la empresa mendocina CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.), encabezada por el empresario Fernando Porreta.

     Quienes habitamos en su entorno, sabemos que la Ruta 5 no es un corredor cualquiera. Constituye una vía central para la producción agropecuaria y la conectividad regional, pero también arrastra desde hace años fuertes cuestionamientos por su peligrosidad y saturación. De allí surgió el histórico reclamo de usuarios y vecinos sintetizado en una consigna ya instalada: “RUTA 5: AUTOVÍA YA”.

   Sin embargo, el nuevo contrato prácticamente ignora esa demanda.

   Las condiciones de la concesión no contemplan obras significativas de ampliación estructural. No habrá duplicación integral de calzada ni transformación general en autovía. El esquema diseñado por el Gobierno Nacional se concentra esencialmente en mantenimiento, explotación y repavimentaciones periódicas de la traza existente.

  El cronograma previsto consiste en sucesivas repavimentaciones durante los veinte años de contrato y eventuales mejoras menores sobre banquinas o sectores críticos, pero manteniendo en la mayor parte del recorrido el mismo formato de un carril por mano.

  En otras palabras, el nuevo esquema garantiza la continuidad del cobro, pero no la concreción de la obra largamente reclamada.

  El financiamiento del sistema recaerá esencialmente sobre los propios usuarios. La adjudicataria ofertó una tarifa base de peaje superior a los $2.300 más IVA y el modelo habilita además actividades comerciales complementarias vinculadas al corredor.       La lógica consiste en asegurar rentabilidad económica aun cuando el déficit estructural de infraestructura permanezca prácticamente intacto.

  La situación incorpora además una dimensión política adicional. El gobierno bonaerense intentó competir mediante AUBASA, pero la propuesta provincial resultó tempranamente descalificada.

  A propósito, deberían preocuparnos los antecedentes de CEOSA, una empresa con origien en la provincia de Mendoza vinculada en distintos momentos a controversias financieras, obras demoradas, cheques rechazados, conflictos judiciales y denuncias varias. Naturalmente, nada de ello implica por sí mismo una condena ni invalida automáticamente su capacidad operativa. Pero sí vuelve razonable el interrogante sobre los criterios utilizados para adjudicar uno de los corredores más sensibles del interior bonaerense.

  La discusión excede a una empresa determinada, sino que el mecanismo utilizado parece consolidar una lógica consistente en privatizar el cobro, administrar el mantenimiento y volver a postergar la transformación integral reclamada gritos.

Familias sobreendeudadas, mercado desregulado, tasas usurarias y costo social

    El crecimiento del endeudamiento de personas y familias en Argentina ya dejó de ser un fenómeno exclusivamente financiero para convertirse en un problema social. Detrás de los números aparecen hogares que recurren al crédito no para comprar un bien durable, para emprender o mejorar su calidad de vida, sino para cubrir gastos corrientes, tales como alimentos, servicios, medicamentos o alquileres.

    La raíz del problema está en el deterioro sostenido de los ingresos. Salarios que pierden frente a la inflación, jubilaciones insuficientes y pequeñas empresas o comercios que venden menos y enfrentan mayores costos generan una situación de fragilidad permanente. Cuando el ingreso no alcanza, el crédito aparece como una herramienta de supervivencia.

    En ese proceso, aumentan los saldos financiados en tarjetas de crédito, los préstamos personales y el uso de sistemas de financiamiento ofrecidos por plataformas digitales. Pero el problema no es solamente el acceso al crédito, sino sus condiciones. Mientras las entidades pagan tasas muy bajas a los ahorristas por sus depósitos o saldos inmovilizados, cobran intereses extremadamente elevados a consumidores y usuarios. La brecha entre tasas pasivas y activas resulta cada vez más difícil de justificar.

    A la vez, emergieron nuevos actores de intermediación financiera que operan con escasa regulación en comparación con el sistema bancario tradicional. Empresas tecnológicas y plataformas de pagos como Mercado Libre, a través de sus ecosistemas financieros, ofrecen préstamos inmediatos y financiamiento al consumo con costos que, en muchos casos, alcanzan niveles usurarios. La facilidad de acceso, sumada a la urgencia económica de millones de personas, crea una combinación explosiva.

    El sobreendeudamiento también deteriora la calidad de vida. La incertidumbre económica cotidiana genera angustia, insomnio, conflictos familiares y sensación de inseguridad respecto del futuro. Muchas personas viven atrapadas en una rueda en la que toman deuda para pagar deudas anteriores, perdiendo progresivamente capacidad de decisión sobre su economía personal.

    Por eso el debate no debería limitarse a la rentabilidad bancaria o a los indicadores de morosidad. También debería incluir cuestionamientos a las recientes eliminaciones de algunos mecanismos de protección para consumidores. El actual Gobierno nacional, en su frenesí desregulatorio -que equivale a liberar al zorro en el gallinero-, impide cualquier mecanismo orientado a establecer límites razonables a las tasas de interés y mayores controles sobre prácticas de cobranza y financiamiento digital.

    Porque cuando el crédito deja de ser una herramienta de desarrollo y se transforma en una condición para poder comer, el problema ya no es individual, es social.

LIGEROS DE EQUIPAJE

“Y cuando llegue el día del último viaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje…”

    Antonio Machado escribió esos versos pensando en la muerte, pero también -quizás sin saberlo- en la vejez.

    Hay algo extraño y silencioso que ocurre en muchas personas ancianas. No se trata solamente del deterioro físico, visible, inevitable, sino  de la forma en que la memoria empieza a reorganizarse.

    Los recuerdos recientes se vuelven frágiles. Los nombres se escapan. Las conversaciones de ayer desaparecen. Los hechos intermedios de la vida -trabajos, mudanzas, conflictos, trámites, incluso episodios importantes- comienzan a borronearse. Sin embargo, permanecen intactas escenas antiquísimas como una cocina de infancia, un patio de tierra, un aroma, una canción, la voz de una madre llamando desde otra habitación hace setenta años.

    A veces parece que el tiempo, en lugar de acumularse, empezara a desarmarse en capas.

    Hace poco, en una conversación familiar, alguien dijo sobre una abuela ya muy anciana: “Los únicos recuerdos inamovibles son los de su infancia. Todo lo demás viene y se va”. La frase quedó resonando. Porque probablemente describa algo más profundo que un mero problema neurológico.

   Desde luego, la ciencia tiene explicaciones razonables. La memoria episódica reciente suele deteriorarse antes que las memorias más antiguas y consolidadas. La infancia deja marcas emocionales especialmente intensas. Todo eso es cierto.

    Pero hay otra lectura posible. Más poética. Más incierta. Tal vez más humana.

    ¿Y si la vejez fuera también un proceso de alivianamiento?

    ¿Y si, lentamente, el ser humano fuera soltando aquello que pesa demasiado para el último tramo del viaje?

    La vida adulta está llena de capas superpuestas cargando responsabilidades, frustraciones, éxitos, obligaciones, decepciones, burocracias, discusiones inútiles, cuentas pendientes. Décadas enteras de acumulación mental. Como si cada año agregara nuevos objetos a una valija ya imposible de cargar.

    Entonces llega la ancianidad y algo empieza a desprenderse.

    Primero son detalles menores. Después nombres. Luego secuencias completas. Finalmente quedan apenas algunos núcleos duros, esenciales. La infancia. Los afectos primarios. Las imágenes fundacionales de la existencia.

    Como si la conciencia, antes de apagarse, redujera todo a una especie de “jalea esencial”, más liviana y más simple.

    No necesariamente porque el cerebro “falle”, sino porque acaso exista una forma natural de preparación para la despedida.

    Los viejos suelen repetir historias. A veces las mismas una y otra vez. Eso desespera a los más jóvenes, que todavía viven obsesionados con la novedad. Pero quizá esa repetición tenga como sentido no recordar todo, sino conservar apenas aquello que todavía define quiénes fueron.

    Lo demás se descarta.

    Hay algo profundamente conmovedor en esa imagen. La de una persona que, al final de la vida, deja caer uno a uno los objetos innecesarios del equipaje. Hasta quedar casi desnuda de memoria, reducida a unas pocas escenas esenciales.

    Un patio. Una calle. Una hermana. Una canción. Un juguete. La mano del padre.

    Tal vez por eso muchos ancianos terminan pareciéndose un poco a los niños. No sólo por fragilidad o dependencia, sino porque el recorrido completo de la vida parece cerrarse sobre su punto de origen. Como un círculo.

    La modernidad interpreta ese proceso exclusivamente como pérdida. Y claro que hay pérdida. Dolorosa, incluso cruel. Nadie romantiza el deterioro cognitivo ni el sufrimiento de las enfermedades neurodegenerativas.

    Pero quizá exista también otra dimensión menos clínica y más existencial. Una transición. Un desprendimiento gradual. Una forma lenta de desapego.

    Machado imaginaba llegar al último viaje “ligero de equipaje”. Tal vez la ancianidad sea precisamente eso: el momento en que la vida empieza, lentamente, a vaciar las valijas.

LA ÚLTIMA DESIGUALDAD

¿Alguna vez nos detuvimos realmente a leer los avisos fúnebres de nuestra ciudad?

   Parecen una simple formalidad social, un mensaje sobrio destinado a comunicar una muerte y acompañar un duelo. Sin embargo, detrás de esa aparente neutralidad sobrevive un anacronismo cultural que todavía dice mucho sobre cómo concebimos la identidad de las mujeres.

   En Trenque Lauquen -donde el servicio social funerario se presta de buena manera por la Cooperativa de Electricidad local- aún es habitual encontrar el uso del apellido del esposo precedido por un “de” para identificar a mujeres fallecidas. La práctica no es exclusiva de esta ciudad ni de esta institución.

   La desigualdad se torna evidente porque a los hombres nunca se los identifica por su vínculo con una mujer. Ningún aviso menciona a un fallecido como “esposo de” o “viudo de”. 

   El hombre aparece como sujeto autónomo. La mujer, en cambio, todavía suele ser presentada como una derivación familiar o conyugal.

   No es un simple detalle de redacción. Es una forma residual de identificación subsidiaria, una costumbre heredada de épocas en las que la identidad social y jurídica de las mujeres quedaba subordinada a la del marido.

   Pero el mundo cambió. Cambiaron las leyes, las relaciones sociales y la propia idea de igualdad entre hombres y mujeres.  Persistir en estas fórmulas supone mantener, aunque sea de manera involuntaria, una mirada cultural anclada en otro tiempo.

   Y probablemente allí radique el problema, poque no se trata de una práctica sostenida por mala intención, sino por inercia. Son expresiones repetidas durante décadas que sobreviven porque nadie se detiene a revisarlas.

   Sin embargo, las palabras importan. También en los rituales de despedida. 

   La desigualdad no siempre aparece en grandes discursos o decisiones trascendentes. A veces persiste, silenciosa, en algo tan simple como la forma en que escribimos un aviso fúnebre.

REELECCIÓN DE INTENDENTES en PBA -Menú Legislativo-

    

    El régimen vigente en la Provincia de Buenos Aires, establecido por la Ley 14.836 y sus modificatorias, dispone que los intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares pueden ser reelegidos solo por un período consecutivo. Cumplidos dos mandatos seguidos, deben dejar pasar un intervalo de cuatro años antes de volver a postularse para el mismo cargo.

    Una modificación introducida en 2021 fijó que el cómputo de estos límites comienza con los mandatos iniciados en 2017, lo que en la práctica habilitó una nueva reelección en 2023. En consecuencia, para la mayoría de los actuales titulares, el período 2023–2027 constituye su segundo mandato consecutivo y, de no mediar cambios normativos, no podrán presentarse nuevamente en 2027 sin respetar el intervalo obligatorio.

    Como hemos analizado recientemente, con el actual encuadre legal solamente los 51 intendentes e intendentas elegidos en 2023 quedarían habilitados para candidatearse en 2027, mientras que los restantes 84 quedarían fuera de competencia (ver https://juliocollado.blogspot.com/2026/04/reeleccion-de-intendentes-en-pba-data.html).

    Ahora se presenta un menú de posibles modificaciones legislativas, que podrían llegar a ser debatidas durante el presente 2026.

    Se trata de un ejercicio técnico, sin fundamentaciones a favor o en contra de cada alternativa (aunque, al final, dejamos constancia de lo pensamos sobre este tema).

MENÚ DE OPCIONES LEGISLATIVAS

✔ OPCIÓN A — SIN MODIFICACIONES. O sea, la subsistencia del régimen vigente.

# Impacto político: Como hemos dicho podrían presentarse hasta 50 intendentes, mientras que los demás 85 quedarían inhabilitados.

✔ OPCIÓN B — REELECCIONES SIN LÍMITES. Es decir, retornar al  régimen previo a 2016.

El texto de la nueva ley se aproximaría al siguiente: 

ARTÍCULO 1°.- Deróganse la Ley N° 14.836 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyense las disposiciones pertinentes del Decreto-Ley N° 6.769/58, de la Ley N° 5.109 y de la Ley N° 13.688, dejándose establecido y aclarado que los intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales podrán ser reelectos sin limitación de mandatos.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

# Impacto político: Quedan habilitados para presentarse todos y cada uno de los 135 intendentes/as actuales.

✔ OPCIÓN C — HABILITACIÓN EXCEPCIONAL RESTRICTIVA. 

    En este caso, se acudiría a una herramienta transitoria para habilitar de manera excepcional la posibilidad de una nueva postulación en 2027, siempre que no exceda de ser la tercera.

   El texto legal en este caso seria parecido al siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Establécese, con carácter excepcional y por única vez, que podrán presentarse como candidatos a intendente en las elecciones del año 2027 quienes, al momento de la finalización de su mandato vigente, no hubieren superado los dos (2) períodos consecutivos en el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 2°.- La habilitación dispuesta en el artículo precedente no modifica el régimen general de reelección establecido por la Ley N° 14.836 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

# Impacto político: Podrían presentarse aproximadamente 87 intendentes/as (elegidos en 2019 y 2023), mientras que 48 quedarían inhabilitados.

✔ OPCIÓN D — AMPLIACIÓN PERMANENTE A TRES MANDATOS

Se eleva el límite a tres mandatos consecutivos (o, lo que es igual, dos reelecciones), con un máximo de cuatro en total.

Posible texto legal:

ARTÍCULO 1°.- Modifícanse las disposiciones de la Ley N° 14.836 y normas concordantes, estableciendo que los intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales podrán ser reelectos hasta por dos (2) períodos consecutivos, pudiendo ejercer un máximo de tres (3) mandatos consecutivos.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que, alcanzado dicho límite, los titulares deberán dejar transcurrir un período completo antes de poder postularse nuevamente para el mismo cargo.

ARTÍCULO 3°.- En cualquier caso, el número total de mandatos en el mismo cargo no podrá exceder de cuatro (4), sean estos consecutivos o alternados.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

# Impacto político: El resultado es similar al de la opción anterior (87/48). Pero la posibilidad de dos reelecciones queda permanente, y se agrega un tope de cuatro mandatos en total.

✔ OPCIÓN E — REELECCIÓN SIN LÍMITES CON MAYORÍA CALIFICADA.

Se permite la continuidad indefinida, condicionada a un respaldo electoral superior al 50%.

En tal caso, la novedad legislativa tendría una forma parecida a la siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto-Ley N° 6.769/58 —Ley Orgánica de las Municipalidades—, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

Si han sido reelectos, no podrán ser elegidos en el mismo cargo sino con intervalo de un período.

El Intendente podrá ser nuevamente elegido sin límite de mandatos cuando obtuviere más de la mitad de los votos válidos afirmativos emitidos en la elección correspondiente a su municipio.

En caso de no alcanzarse dicho porcentaje, no podrá ser reelecto para un nuevo período consecutivo.”

ARTÍCULO 2°.- Mantiénense sin modificaciones las limitaciones vigentes para concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

# Impacto político: No establece una habilitación uniforme. Algunos estiman que la mayoría de los que decidieran presentarse lograrían ser reelectos, por superar la barrera impuesta en esta variante.

Queda claro que estas 5 opciones no agotan el menú posible.

Por último, dejamos sentada nuestra opinión:  La Constitución Provincial es la encargada del diseño orgánico institucional de la Provincia y del Régimen Municipal. Por tanto, la limitación expresa para gobernador y vice establecida en su artículo 123 no debería extenderse por vía legal a otros cargos. 

Y no hay que perder de vista que, más allá de la deriva legislativa, no se descarta alguna acción para que el poder judicial se expida al respecto.

REELECCIÓN DE INTENDENTES EN PBA -Data dura -

    Es probable que, durante este año 2026, en la provincia de Buenos Aires se susciten debates sobre la normas electorales.

    Entre otras cuestiones, una que se destaca es la limitación para la reelección de intendentes municipales (también incluye a legisladores, concejales y consejeros escolares).

    Dedicaremos dos publicaciones sobre el tema.

    Esta contiene data dura y pura, que surge de analizar las últimas 5 elecciones (entre 2007 y 2023), para ver el impacto concreto de la actual legislación vigente.

    Adelanto el resultado: Conforme están hoy las cosas, 51 intendentes e intendentas estarían en condiciones de presentarse en 2027 buscando reelegir, y 84 quedarían inhabilitados.

    El que sigue es un exhaustivo estudio que, salvo error u omisión, distingue entre quienes ha sido electos 5 veces hasta los que fueron elegidos por primera vez en 2023.

    * Es importante tener en cuenta las aclaraciones que se indican al final sobre criterios utilizados para la confección de los listados.

Intendentes con 5 mandatos consecutivos

(2007–2011–2015–2019–2023)

Total: 11 municipios

• Benito Juárez — Julio Marini 

• Castelli – Francisco Echarren

• Ensenada — Mario Secco 

• Esteban Echeverría — Fernando Gray 

• José C. Paz — Mario Ishii 

• Marcos Paz — Ricardo Curutchet

• Pehuajó — Pablo Zurro 

• San Cayetano — Miguel Gargaglione 

• Tandil — Miguel Lunghi 

• Tapalqué — Gustavo Cocconi 

• Tordillo — Héctor Olivera 

Intendentes con 4 mandatos consecutivos

(2011–2015–2019–2023)

Total:  2 municipios

• Avellaneda – Jorge Ferraresi

• Maipú — Matías Rappallini 

Intendentes con 3 mandatos consecutivos

(2015, 2019  y 2023)

Total: 35 municipios

• Alberti — Germán Lago 

• Almirante Brown — Mariano Cascallares 

• Balcarce — Esteban Reino

• Campana — Sebastián Abella

• Cañuelas — Marisa Fassi 

• Chascomus – Javier Gastón 

• Chivilcoy – Guillermo Britos

• Daireaux — Alejandro Acerbo

• Escobar — Ariel Sujarchuk 

• General Alvear – Ramón Capra

• General Arenales – Érica Revilla

• General Belgrano — Osvaldo Dinápoli 

• General Madariaga – Esteban Santoro

• General Lamadrid – Martín Randazzo

• General Las Heras – Javier Osuna

• General Paz — Juan Manuel Álvarez 

• General Viamonte — Franco Flexas 

• Junín — Pablo Petrecca 

• Lezama – Arnaldo Harispe

• Lincoln – Salvador Serenal

• Lobos – Jorge Etcheverry

• Malvinas Argentinas — Leonardo Nardini 

• Mercedes — Juan Ustarroz  

• Merlo — Gustavo Menéndez  

• Pergamino — Javier Martínez 

• Rauch – Maximiliano Suescun 

• Saladillo — José Luis Salomón 

• Salto – Ricardo Alessandro

• San Miguel – Jaime Méndez

• San Pedro – Cecilio Salazar

• Tigre — Julio Zamora

• Tornquist — Sergio Bordoni

• Tres de Febrero — Diego Valenzuela 

• Villa Gesell – Gustavo Barrera

• Villarino – Carlos Bevilacqua

Intendentes con 2 mandatos consecutivos

(2019 y 2023)

Total: 37 municipios

• Adolfo Alsina — Javier Andrés

• Ayacucho — Emilio Cordonnier 

• Baradero — Esteban Sanzio 

• Berazategui – Juan José Mussi (fallecido)

• Berisso — Fabián Cagliardi 

• Bolívar — Marcos Pisano 

• Carlos Tejedor – María Celia Gianini (nueva etapa)

• Carmen de Areco — Iván Villagrán 

• Coronel Pringles – Lisandro Matzkin

• Coronel Suarez – Ricardo Moccero (nueva etapa)

• Exaltación de la Cruz — Diego Nanni 

• Florencio Varela — Andrés Watson 

• Florentino Ameghino — Nahuel Mittelbach 

• General Alvarado — Sebastián Ianantuony 

• General Guido – Carlos Rocha

• General Pinto — Alfredo Zavatarelli 

• General Pueyrredón — Guillermo Montenegro 

• General Rodríguez — Mauro García 

• General San Martín — Fernando Moreira 

• Guaminí — José Nobre Ferreira 

• La Matanza — Fernando Espinoza (nueva etapa)

• Las Flores – Alberto Gelené (nueva etapa)

• Leandro N. Alem — Carlos Ferraris 

• Luján — Leonardo Boto 

• Monte — José Castro

• Moreno – Mariel Fernández

• Morón — Lucas Ghi 

• Navarro — Facundo Diz 

• Necochea — Arturo Rojas 

• Pilar – Federico Achával

• Presidente Perón — Blanca Cantero 

• Quilmes – Mayra Mendoza

• Saavedra — Gustavo Notararigo 

• San Antonio de Areco — Francisco Ratto 

• San Fernando — Juan Andreotti 

• San Vicente — Nicolás Mantegazza

Intendentes electos en 2023, por primera vez o sin mandato previo inmediato.

Total: 50 municipios

• Adolfo Gonzales Chaves — Lucía Gómez 

• Arrecifes — Fernando Bouvier 

• Azul — Nelson Sombra 

• Bahía Blanca — Federico Susbielles 

• Bragado — Sergio Barenghi 

• Brandsen — Fernando Raitelli 

• Capitán Sarmiento — Fernanda Astorino Hurtado 

• Carlos Casares — Daniel Stadnik 

• Chacabuco – Dario Golía (nueva etapa)

• Colón — Waldemar Giordano 

• Coronel de Marina Rosales — Rodrigo Aristimuño 

• Coronel Dorrego — Juan Carlos Chalde 

• Dolores — Juan Pablo García 

• Ezeiza — Gastón Granados 

• General Lavalle — Nahuel Guardia 

• General Villegas — Gilberto Alegre (nueva etapa) 

• Hipólito Yrigoyen — Ignacio Pugnaloni 

• Hurlingham — Damián Selci 

• Ituzaingó — Pablo Descalzo 

• La Costa — Juan de Jesús

• Lanús — Julián Álvarez 

• La Plata — Julio Alak 

• Laprida – Alberto Fisher (nueva etapa)

• Lobería — Pablo Barrena 

• Lomas de Zamora — Federico Otermín 

• Magdalena — Lisandro Hourcade 

• Mar Chiquita — Walter Wischnivetzky 

• Monte Hermoso — Hernán Arranz 

• Nueve de Julio — María José Gentile 

• Olavarría — Maximiliano Wesner 

• Patagones — Ricardo Marino 

• Pellegrini — Sofía Gambier 

• Pila — Sebastián Walker 

• Pinamar — Juan Ibarguren 

• Puan — Diego Reyes 

• Punta Indio — David Angueira 

• Ramallo — Mauro Poletti 

• Rivadavia — Juan Alberto Martínez 

• Rojas — Román Bouvier 

• Roque Pérez — Maximiliano Sciaini 

• Salliqueló — Ariel Succurro 

• San Andrés de Giles — Miguel Gesualdi 

• San Isidro — Ramón Lanús 

• San Nicolás — Santiago Passaglia 

• Suipacha — Juan Luis Mancini 

• Trenque Lauquen — Francisco Recoulat 

• Tres Arroyos — Pablo Garate 

• Tres Lomas — Luciano Spinolo 

• Veinticinco de Mayo — Ramiro Egüen 

• Vicente López — Soledad Martínez 

• Zárate — Marcelo Matzkin

 

Conclusión:

Con el actual encuadre legal, solamente los últimos 51 intendentes e intendentas podrían presentarse en 2027 para un nuevo mandato. 

Los restantes 84 estarían inhabilitados/as para una nueva reelección.

Salvo que se produzca alguna modificación legislativa (continuará .. )

* Este posteo ha sido editado luego de su publicacion. Ultima modificación el 24.04.2026, 21:30 hs.

* Aclaraciones importantes sobre los criterios metodológicos utilizados: 

• Se consideran únicamente las últimas 5 elecciones: 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023. 

• El análisis es estrictamente personal  porque se dirige a poner el foco sobre la aptitud electoral de cara a 2027.  Por ello no se consideran continuidades familiares o políticas; tampoco se computan interinatos. 

• Cada municipio se clasifica según la cantidad de reelecciones consecutivas de la misma persona desde 2023 hacia atrás. 

• Las menciones como “nueva etapa” indican que no hay continuidad consecutiva estricta. 

• En caso de advertirse error u omisión, mucho se agradecerá remitir observación al correo electrónico de contacto.

EL AIRE CERCANO, NUEVA FRONTERA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El avance de los drones expone un vacío en los marcos regulatorios tradicionales, centrados en el uso del suelo y en la lógica de la aeronáutica clásica. La creciente ocupación del espacio aéreo de baja altura plantea la necesidad de incorporar una regulación de proximidad, con intervención activa de provincias y municipios.

    En los últimos años, la irrupción de los drones ha dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en un fenómeno estructural. Su expansión atraviesa múltiples dimensiones: desde usos recreativos hasta aplicaciones productivas, logísticas, científicas y de seguridad. Pero también -como lo muestran con crudeza los conflictos bélicos en desarrollo- estas tecnologías han redefinido categorías tradicionales. Allí donde antes operaban la artillería o la infantería, hoy actúan dispositivos remotos, de bajo costo y alta eficacia, capaces de alterar las reglas del conflicto.

    Ese dato -que podría parecer lejano a la vida cotidiana- resulta, sin embargo, revelador, en tanto no se trata de una herramienta más, sino de una transformación en la relación entre tecnología, territorio y poder.

El aire cercano como espacio emergente en disputa

    Trasladado al ámbito urbano y periurbano, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, pero no menos relevante. Los drones operan en el “aire cercano”, entendido como el espacio aéreo de baja altura donde se desarrolla buena parte de la vida cotidiana: viviendas, escuelas, hospitales, espacios públicos, actividades productivas y ecosistemas frágiles.

    Esta noción permite delimitar un estrato espacial en el que se despliegan, de manera creciente, operaciones tecnológicas con incidencia directa sobre el territorio y la vida social. Si bien no constituye una categoría consolidada en la tradición urbanística -históricamente centrada en el uso, ocupación y subdivisión del suelo-, encuentra sustento en desarrollos contemporáneos que abordan la creciente relevancia de la dimensión vertical del espacio urbano, particularmente a partir de la expansión del urban airspace como objeto de estudio y regulación.

    En este sentido, el “aire cercano” permite conceptualizar un espacio cuya consideración resulta funcional a la extensión de las herramientas clásicas del ordenamiento territorial. No resulta forzado prever su eventual incorporación en instrumentos normativos de planificación -incluidos los códigos de ordenamiento urbano y territorial- con incidencia en matrices de uso, delimitación de zonas y definición de áreas sensibles.

    Es en ese ámbito donde se incrementa el despliegue de drones para tareas de vigilancia, filmación, mensura, logística, monitoreo ambiental o control de actividades. Su presencia crece de manera exponencial, muchas veces sin que los ciudadanos adviertan bajo qué reglas operan, quién los controla o qué límites existen para su uso.

    El resultado es un plano territorial intensamente utilizado, pero aún sin un ordenamiento claro desde la perspectiva local.

El régimen vigente y sus límites

    La aeronáutica civil constituye una materia de regulación federal en la República Argentina, comprendiendo el territorio, el mar territorial, las aguas adyacentes y el espacio aéreo que los cubre, conforme lo establece el Código Aeronáutico (Ley N.º 17.285 y sus modificatorias). En ese marco, la noción de aeronave incluye tanto a las tripuladas como a las no tripuladas, abarcando a los vehículos aéreos no tripulados (VANT) o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).

    El avance tecnológico y la reducción de costos han generado una expansión acelerada en el uso de estas tecnologías, tanto con fines recreativos como productivos, comerciales, científicos y de seguridad, con especial intensidad en sectores como el agropecuario y en ámbitos urbanos vinculados a servicios, logística y producción audiovisual.

    El proceso reciente de actualización normativa -que incluye el DNU N.º 70/2023, el Decreto N.º 663/2024 y la Resolución ANAC 550/2025- ha implicado un cambio relevante al adoptar un enfoque basado en el riesgo operacional, abandonando esquemas uniformes.

    Sin embargo, la regulación nacional no agota las necesidades derivadas de la expansión del fenómeno. Por el contrario, ese enfoque presupone la existencia de múltiples escenarios que requieren respuestas adaptadas a las particularidades territoriales, ambientales y sociales de cada jurisdicción.

Concebida para otro escenario

    La regulación vigente, concebida desde la lógica de la aeronáutica tradicional, prioriza la seguridad de la navegación aérea, el control macro del espacio aéreo y la habilitación técnica de operadores. Ese enfoque resulta necesario, pero insuficiente frente a la realidad actual.

    Los drones no operan principalmente en el “cielo” entendido como espacio de tránsito entre aeronaves, sino en el territorio concreto donde viven las personas. Vuelan sobre barrios, atraviesan zonas rurales productivas, se aproximan a infraestructuras críticas y, en muchos casos, interactúan directamente con la vida social.

    En este punto, la regulación centrada en la seguridad operacional deja sin respuesta cuestiones esenciales: la localización de las operaciones en áreas sensibles, los límites de proximidad respecto de las personas, la protección de la intimidad, del ambiente y de la salud, y la determinación de la autoridad competente para definir estas reglas en función de cada territorio.

Regulación de proximidad, anotada para la nueva agenda

    Frente a estas carencias, resulta necesario replantear el enfoque. La regulación de drones no puede agotarse en el plano nacional ni limitarse a los aspectos técnicos de la aeronavegación.

    Se impone incorporar una dimensión territorial en la que las provincias y, especialmente, los municipios asuman un rol activo. No se trata de interferir con las competencias federales sobre el espacio aéreo, sino de ejercer atribuciones históricamente propias tales como el ordenamiento del territorio, la protección de la salud y la seguridad pública, y la regulación de actividades en función del interés comunitario.

    Los municipios, en este sentido, cuentan con una posición privilegiada para conocer las condiciones concretas de uso, los conflictos emergentes y las necesidades de sus comunidades, lo que los coloca en un lugar central para establecer reglas de convivencia en este nuevo espacio aéreo de proximidad.

Competencias locales: fundamento y necesidad

    En el marco constitucional argentino, las provincias conservan poderes originarios (art. 121 CN), mientras que las competencias delegadas a la Nación son expresas y limitadas. En ese contexto, la intervención normativa local en aspectos vinculados al uso de drones resulta jurídicamente viable siempre que no interfiera con la regulación federal del espacio aéreo.

    En la Provincia de Buenos Aires, esta intervención encuentra sustento adicional en su régimen constitucional y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que reconoce competencias en materia de seguridad, salubridad y ordenamiento urbano.

    Desde esta perspectiva, la regulación de proximidad no solo es posible, sino funcionalmente imprescindible: la determinación de zonas sensibles, la protección de áreas urbanas y periurbanas y la prevención de riesgos requieren decisiones situadas, difícilmente abordables desde el nivel central.

Un caso crítico: agroquímicos y zonas periurbanas

    Uno de los aspectos más sensibles se vincula con el uso de drones para la aplicación de agroquímicos, particularmente en áreas rurales y periurbanas.

    Las estimaciones sectoriales muestran un crecimiento acelerado: de menos de 100 drones agrícolas importados en 2023 a aproximadamente 500 en 2024, con una expansión aún mayor en 2025 y 2026, acompañada por la incorporación masiva de equipos para usos recreativos y profesionales.

    Este crecimiento expone un problema regulatorio significativo. El andamiaje de la aviación civil resulta insuficiente para gobernar prácticas con impacto directo en el territorio, como la pulverización en zonas próximas a áreas habitadas.

    Si bien estas tecnologías permiten aplicaciones más precisas, en ausencia de una regulación específica existe el riesgo de reproducir -o incluso intensificar- conflictos ya conocidos en torno a la exposición de poblaciones a sustancias potencialmente nocivas.

    La aplicación mediante drones introduce variables nuevas: menor escala, mayor flexibilidad operativa y capacidad de intervención en espacios más próximos a zonas habitadas. A diferencia de la aviación tradicional, deslocaliza las operaciones y dificulta los controles asociados a aeródromos y bases operativas.

    En este contexto, la ausencia de reglas claras no constituye un vacío neutro, sino un factor de riesgo concreto.

Tecnología y democracia territorial

    El debate sobre los drones no es meramente técnico, sino que define quién establece las reglas de uso de una tecnología que impacta -y lo hará cada vez más- en la vida cotidiana.

    Ante tendencias regulatorias orientadas a la simplificación y apertura de mercados, existe el riesgo de que la expansión tecnológica avance más rápido que la capacidad institucional para encauzarla.

    La respuesta no pasa por la prohibición, sino por la construcción de marcos normativos inteligentes, democráticos y territorialmente situados, que permitan integrar el desarrollo tecnológico con los derechos, el ambiente y la vida comunitaria.

    El aire cercano -ese espacio donde los drones ya forman parte del paisaje- es un espacio público y, como tal, debe ser gobernado con criterios de interés colectivo.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el #257 de la revista "Café de las Ciudades" (cafedelasciudades.com.ar)

LOS TEROS LIBERTARIOS Y LAS TASAS MUNICIPALES

   Quienes vivimos en estas pampas planas conocemos bien al tero. Ante cualquier amenaza, este pájaro despliega una estrategia tan simple como eficaz: grita, revolotea y arma un gran alboroto lejos del lugar donde realmente están sus huevos. El objetivo es distraer al intruso, que termina mirando hacia otro lado mientras el nido permanece oculto.

Algo parecido ocurre por estos días en la discusión política sobre las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires.

Desde distintos voceros de La Libertad Avanza —con especial intensidad en el plano provincial y también en algunos bloques locales— se insiste en que los problemas del comercio, la producción y la competitividad en la Argentina tendrían una causa principal: la supuesta “excesiva aplicación de tasas municipales”. Según ese argumento, las comunas serían responsables de encarecer la actividad económica y de dificultar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

El planteo suena contundente. El problema es que los datos no lo sostienen.

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) sobre la carga impositiva en el sector agropecuario muestra con claridad cómo se distribuye el peso fiscal. Según ese estudio, el 93,6 % de la presión tributaria que recae sobre la renta agrícola corresponde a impuestos nacionales. Y más de la mitad de ellos —el 56,5 %— ni siquiera son coparticipables, es decir, quedan directamente en manos del Estado nacional.

En cambio, los impuestos provinciales explican el 5,7 % de la carga, mientras que las tasas municipales representan apenas el 0,7 %.

Dicho de otro modo: incluso si desaparecieran completamente las tasas municipales, el impacto sobre la estructura tributaria total sería prácticamente marginal.

Otro estudio, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, llega a una conclusión similar al analizar distintas cadenas productivas. En promedio, las tasas municipales explican apenas el 0,9 % del valor agregado bruto de esas actividades. Incluso en el sector donde su incidencia es mayor —el financiero— el impacto no supera el 1,7 %.

Los números, entonces, muestran que no es serio atribuir la falta de competitividad de la economía argentina a las tasas municipales.

Las dificultades reales que enfrentan la producción y el comercio se encuentran en otros factores mucho más determinantes: la dinámica del tipo de cambio, la apertura importadora en determinados sectores, la caída del mercado interno y la pérdida del poder adquisitivo de la población. Son variables macroeconómicas que dependen fundamentalmente de las decisiones adoptadas en el nivel nacional.

A esta discusión también se sumaron voces del propio interior bonaerense. El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, advirtió que en muchos planteos libertarios sobre el tema “hay un enorme desconocimiento de lo que es un municipio”. En particular, señaló que muchas de estas propuestas nacen en ámbitos políticos de la Capital Federal que desconocen la realidad cotidiana de las comunas del interior.

No todos los municipios son iguales. Las necesidades, la escala y la estructura de servicios varían enormemente entre el conurbano, las ciudades medianas del interior y los distritos rurales.

Pero hay algo que todos comparten: los municipios son el nivel del Estado que presta los servicios más inmediatos y concretos para la vida cotidiana. Desde la recolección de residuos hasta la atención primaria de la salud, desde el mantenimiento de calles hasta el arreglo de caminos rurales.

En el caso de estos últimos, por ejemplo, Flexas explicó que durante el último año su municipio destinó alrededor de 400 millones de pesos adicionales —por encima de lo aportado por los productores— para el mantenimiento de los caminos rurales.

También formuló una propuesta provocadora: eliminar las tasas municipales, sí, pero a condición de que el Estado nacional devuelva al distrito el 10 % de retenciones que recauda sobre la producción local.

La respuesta, por supuesto, nunca llegó.

Nada de esto significa que el régimen de tasas municipales sea perfecto o que no necesite revisión. Como ocurre con cualquier sistema tributario, las ordenanzas fiscales y tarifarias deben actualizarse periódicamente. Lo mismo sucede con muchas regulaciones municipales sobre habilitaciones comerciales o administrativas, que en varios distritos ya muestran el desgaste propio del paso del tiempo.

La simplificación normativa, la modernización administrativa y la reducción de trámites innecesarios son debates válidos y necesarios.

Pero una cosa es mejorar las reglas y otra muy distinta es convertir a las tasas municipales en el chivo expiatorio de todos los problemas de la economía argentina.

Porque cuando el ruido es demasiado grande, conviene mirar con más atención.

A veces el alboroto no es más que una maniobra de distracción.

Y en medio de tanto humo, igual se les ven los güevos. 🥚

El radicalismo bonaerense y la reconfiguración de la derecha rural

   El radicalismo del interior de la Provincia de Buenos Aires se constituyó, a partir de la irrupción del peronismo, en la expresión política de una derecha moderada en cada pueblo y ciudad del interior provincial¹.

    La pequeña burguesía urbana —comerciantes y profesionales formados mayoritariamente en universidades públicas, en especial en la Universidad Nacional de La Plata— encontró en los comités radicales bonaerenses un ámbito natural de militancia, articulado tanto en oposición al peronismo como en sintonía con las asociaciones empresarias (rurales y comerciales) y los colegios profesionales².

   En un escenario aún provisorio, el radicalismo bonaerense atraviesa hoy una crisis de identidad frente a la irrupción de una nueva ultraderecha de matriz libertaria, que parece disputar —y en buena medida capturar— su base electoral tradicional³.

   El cambio que se observa es más cualitativo que cuantitativo, y precisamente allí radica la preocupación de los herederos políticos de Alem e Yrigoyen. No se trata solo de porcentajes electorales, sino de un corrimiento ideológico profundo.

   El proceso en curso puede interpretarse como una suerte de sinceramiento de las posiciones más reaccionarias de amplios sectores medios. Aquello que antes se pensaba y se decía en voz baja, hoy se expresa sin complejos, y no pocas veces con un tono de abierto resentimiento.

   La nueva política exhibe, por un lado, la virtud de una brutal sinceridad; pero, por otro, el drama inhumano de la fragmentación social y la estigmatización de “los otros”.

   Convencidos de que su base electoral ya no les permite siquiera aproximarse al peronismo ni a otros espacios progresistas, los dirigentes radicales enfrentan una disyuntiva clara: o profundizan un corrimiento explícito hacia posiciones de derecha para retener votos⁴, o asumen el riesgo de prolongar el languidecimiento evidenciado en los ensayos electorales de 2025.

Notas del autor:

(1) En el conurbano bonaerense, salvo aisladas excepciones, el radicalismo carece de peso significativo.

(2) Durante lo que va del siglo, en Trenque Lauquen coexistieron dos hermanos conduciendo la Municipalidad y el Comité local; siendo ellos a su vez parientes cercanos de otras personas que encabezaron la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural. El bloque oficialista del Concejo Deliberante contó con la participación de dos expresidentes ruralistas. Ese mismo sector aportó, más recientemente, a la presidencia de CARBAP, entidad de segundo grado que el siglo pasado tuvo entre sus filas a quien fuera el último gobernador durante la última dictadura militar. Las composiciones de los consejos directivos de los colegios profesionales muestran amplia participación de dirigentes o adherentes al radicalismo.

(3) El análisis comparado de los resultados electorales locales de 2021, 2023 y 2025 en los distritos de la región permite observar que los porcentajes del peronismo se mantienen relativamente estables, mientras que resulta evidente una migración de votos radicales hacia las listas libertarias, aun frente a la pérdida de calidad de los candidatos presentados (ver https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/mapa-provincia-bsas.php).

(4) La derechización del radicalismo, precipitada con la alianza Cambiemos en 2015, ha permitido conservar ciertos territorios, como Mendoza o Corrientes.

Nota al margen. Podrá preguntarse el lector qué hace “este peroncho” analizando al radicalismo. La respuesta es múltiple: primero, porque tuve ganas; luego, porque es saludable tomar distancia por un rato de nuestros propios conflictos; y, finalmente, por la curiosidad ante la deriva de un partido centenario, de tradición reformista, convertido en furgón de cola del conservadurismo hasta su aparente desplazamiento —todavía en desarrollo— por la nueva ultraderecha libertaria.