REELECCIÓN DE INTENDENTES EN PBA -Data dura -

    Es probable que, durante este año 2026, en la provincia de Buenos Aires se susciten debates sobre la normas electorales.

    Entre otras cuestiones, una que se destaca es la limitación para la reelección de intendentes municipales (también incluye a legisladores, concejales y consejeros escolares).

    Dedicaremos dos publicaciones sobre el tema.

    Esta contiene data dura y pura, que surge de analizar las últimas 5 elecciones (entre 2007 y 2023), para ver el impacto concreto de la actual legislación vigente.

    Adelanto el resultado: Conforme están hoy las cosas, 50 intendentes e intendentas estarían en condiciones de presentarse en 2027 buscando reelegir, y 85 quedarían inhabilitados.

    El que sigue es un exhaustivo estudio que, salvo error u omisión, distingue entre quienes ha sido electos 5 veces hasta los que fueron elegidos por primera vez en 2023.

    * Es importante tener en cuenta las aclaraciones que se indican al final sobre criterios utilizados para la confección de los listados.

Intendentes con 5 mandatos consecutivos

(2007–2011–2015–2019–2023)

Total: 11 municipios

• Benito Juárez — Julio Marini 

• Castelli – Francisco Echarren

• Ensenada — Mario Secco 

• Esteban Echeverría — Fernando Gray 

• José C. Paz — Mario Ishii 

• Marcos Paz — Ricardo Curutchet

• Pehuajó — Pablo Zurro 

• San Cayetano — Miguel Gargaglione 

• Tandil — Miguel Lunghi 

• Tapalqué — Gustavo Cocconi 

• Tordillo — Héctor Olivera 

Intendentes con 4 mandatos consecutivos

(2011–2015–2019–2023)

Total:  2 municipios

• Avellaneda – Jorge Ferraresi

• Maipú — Matías Rappallini 

Intendentes con 3 mandatos consecutivos

(2015, 2019  y 2023)

Total: 35 municipios

• Alberti — Germán Lago 

• Almirante Brown — Mariano Cascallares 

• Balcarce — Esteban Reino

• Campana — Sebastián Abella

• Cañuelas — Marisa Fassi 

• Chascomus – Javier Gastón 

• Chivilcoy – Guillermo Britos

• Daireaux — Alejandro Acerbo

• Escobar — Ariel Sujarchuk 

• General Alvear – Ramón Capra

• General Arenales – Érica Revilla

• General Belgrano — Osvaldo Dinápoli 

• General Madariaga – Esteban Santoro

• General Lamadrid – Martín Randazzo

• General Las Heras – Javier Osuna

• General Paz — Juan Manuel Álvarez 

• General Viamonte — Franco Flexas 

• Junín — Pablo Petrecca 

• Lezama – Arnaldo Harispe

• Lincoln – Salvador Serenal

• Lobos – Jorge Etcheverry

• Malvinas Argentinas — Leonardo Nardini 

• Mercedes — Juan Ustarroz  

• Merlo — Gustavo Menéndez  

• Pergamino — Javier Martínez 

• Rauch – Maximiliano Suescun 

• Saladillo — José Luis Salomón 

• Salto – Ricardo Alessandro

• San Miguel – Jaime Méndez

• San Pedro – Cecilio Salazar

• Tigre — Julio Zamora

• Tornquist — Sergio Bordoni

• Tres de Febrero — Diego Valenzuela 

• Villa Gesell – Gustavo Barrera

• Villarino – Carlos Bevilacqua

Intendentes con 2 mandatos consecutivos

(2019 y 2023)

Total: 37 municipios

• Adolfo Alsina — Javier Andrés

• Ayacucho — Emilio Cordonnier 

• Baradero — Esteban Sanzio 

• Berazategui – Juan José Mussi (fallecido)

• Berisso — Fabián Cagliardi 

• Bolívar — Marcos Pisano 

• Carlos Tejedor – María Celia Gianini (nueva etapa)

• Carmen de Areco — Iván Villagrán 

• Coronel Pringles – Lisandro Matzkin

• Coronel Suarez – Ricardo Moccero (nueva etapa)

• Exaltación de la Cruz — Diego Nanni 

• Florencio Varela — Andrés Watson 

• Florentino Ameghino — Nahuel Mittelbach 

• General Alvarado — Sebastián Ianantuony 

• General Guido – Carlos Rocha

• General Pinto — Alfredo Zavatarelli 

• General Pueyrredón — Guillermo Montenegro 

• General Rodríguez — Mauro García 

• General San Martín — Fernando Moreira 

• Guaminí — José Nobre Ferreira 

• La Matanza — Fernando Espinoza (nueva etapa)

• Las Flores – Alberto Gelené (nueva etapa)

• Leandro N. Alem — Carlos Ferraris 

• Luján — Leonardo Boto 

• Monte — José Castro

• Moreno – Mariel Fernández

• Morón — Lucas Ghi 

• Navarro — Facundo Diz 

• Necochea — Arturo Rojas 

• Pellegrini — Sofía Gambier 

• Pilar – Federico Achával

• Presidente Perón — Blanca Cantero 

• Quilmes – Mayra Mendoza

• Saavedra — Gustavo Notararigo 

• San Antonio de Areco — Francisco Ratto 

• San Fernando — Juan Andreotti 

• San Vicente — Nicolás Mantegazza

Intendentes electos en 2023, por primera vez o sin mandato previo inmediato.

Total: 50 municipios

• Adolfo Gonzales Chaves — Lucía Gómez 

• Arrecifes — Fernando Bouvier 

• Azul — Nelson Sombra 

• Bahía Blanca — Federico Susbielles 

• Bragado — Sergio Barenghi 

• Brandsen — Fernando Raitelli 

• Capitán Sarmiento — Fernanda Astorino Hurtado 

• Carlos Casares — Daniel Stadnik 

• Chacabuco – Dario Golía (nueva etapa)

• Colón — Waldemar Giordano 

• Coronel de Marina Rosales — Rodrigo Aristimuño 

• Coronel Dorrego — Juan Carlos Chalde 

• Dolores — Juan Pablo García 

• Ezeiza — Gastón Granados 

• General Lavalle — Nahuel Guardia 

• General Villegas — Gilberto Alegre (nueva etapa) 

• Hipólito Yrigoyen — Ignacio Pugnaloni 

• Hurlingham — Damián Selci 

• Ituzaingó — Pablo Descalzo 

• La Costa — Juan de Jesús

• Lanús — Julián Álvarez 

• La Plata — Julio Alak 

• Laprida – Alberto Fisher (nueva etapa)

• Lobería — Pablo Barrena 

• Lomas de Zamora — Federico Otermín 

• Magdalena — Lisandro Hourcade 

• Mar Chiquita — Walter Wischnivetzky 

• Monte Hermoso — Hernán Arranz 

• Nueve de Julio — María José Gentile 

• Olavarría — Maximiliano Wesner 

• Patagones — Ricardo Marino 

• Pila — Sebastián Walker 

• Pinamar — Juan Ibarguren 

• Puan — Diego Reyes 

• Punta Indio — David Angueira 

• Ramallo — Mauro Poletti 

• Rivadavia — Juan Alberto Martínez 

• Rojas — Román Bouvier 

• Roque Pérez — Maximiliano Sciaini 

• Salliqueló — Ariel Succurro 

• San Andrés de Giles — Miguel Gesualdi 

• San Isidro — Ramón Lanús 

• San Nicolás — Santiago Passaglia 

• Suipacha — Juan Luis Mancini 

• Trenque Lauquen — Francisco Recoulat 

• Tres Arroyos — Pablo Garate 

• Tres Lomas — Luciano Spinolo 

• Veinticinco de Mayo — Ramiro Egüen 

• Vicente López — Soledad Martínez 

• Zárate — Marcelo Matzkin

 

Conclusión:

Con el actual encuadre legal, solamente los últimos 50 intendentes e intendentas podrían presentarse en 2027 para un nuevo mandato. 

Los restantes 85 estarían inhabilitados/as para una nueva reelección.

Salvo que se produzca alguna modificación legislativa (continuará .. )

* Aclaraciones importantes sobre los criterios metodológicos utilizados: 

• Se consideran únicamente las últimas 5 elecciones: 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023. 

• El análisis es estrictamente personal  porque se dirige a poner el foco sobre la aptitud electoral de cara a 2027.  Por ello no se consideran continuidades familiares o políticas; tampoco se computan interinatos. 

• Cada municipio se clasifica según la cantidad de reelecciones consecutivas de la misma persona desde 2023 hacia atrás. 

• Las menciones como “nueva etapa” indican que no hay continuidad consecutiva estricta. 

• En caso de advertirse error u omisión, mucho se agradecerá remitir observación al correo electrónico de contacto.

EL AIRE CERCANO, NUEVA FRONTERA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El avance de los drones expone un vacío en los marcos regulatorios tradicionales, centrados en el uso del suelo y en la lógica de la aeronáutica clásica. La creciente ocupación del espacio aéreo de baja altura plantea la necesidad de incorporar una regulación de proximidad, con intervención activa de provincias y municipios.

    En los últimos años, la irrupción de los drones ha dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en un fenómeno estructural. Su expansión atraviesa múltiples dimensiones: desde usos recreativos hasta aplicaciones productivas, logísticas, científicas y de seguridad. Pero también -como lo muestran con crudeza los conflictos bélicos en desarrollo- estas tecnologías han redefinido categorías tradicionales. Allí donde antes operaban la artillería o la infantería, hoy actúan dispositivos remotos, de bajo costo y alta eficacia, capaces de alterar las reglas del conflicto.

    Ese dato -que podría parecer lejano a la vida cotidiana- resulta, sin embargo, revelador. Indica que no estamos ante una herramienta más, sino frente a una transformación profunda en la relación entre tecnología, territorio y poder.

El aire cercano como espacio emergente en disputa.

    Trasladado al ámbito urbano y periurbano, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, pero no menos relevante. Los drones operan en lo que puede denominarse el “aire cercano”, ese espacio aéreo de baja altura donde se desarrolla buena parte de la vida cotidiana. Allí conviven viviendas, escuelas, hospitales, espacios públicos, actividades productivas y ecosistemas frágiles.

    Aparece entonces la noción de “aire cercano” como categoría analítica destinada a delimitar el espacio aéreo de baja altura en el que se desarrollan, de manera creciente, operaciones tecnológicas con incidencia directa sobre el territorio y la vida cotidiana. Si bien no se trata de una categoría consolidada en la tradición urbanística —estructurada históricamente en torno al uso, ocupación y subdivisión del suelo—, su formulación encuentra sustento en desarrollos contemporáneos que abordan la progresiva relevancia de la dimensión vertical del espacio urbano, en particular a partir de la expansión del urban airspace como objeto de estudio y regulación. En este sentido, el “aire cercano” permite conceptualizar un estrato espacial hasta ahora subregulado, cuya consideración resulta funcional a la extensión de las herramientas clásicas del ordenamiento territorial. No resulta, por ello, una hipótesis forzada prever su eventual incorporación en los instrumentos normativos de planificación -incluidos los códigos de ordenamiento urbano y territorial- con potencial incidencia en matrices de usos, delimitación de zonas y definición de áreas sensibles, proyectando así la lógica regulatoria tradicional hacia este nuevo plano del territorio.

    Es en ese ámbito donde aumenta el despliegue de drones para tareas de vigilancia, filmación, mensura, logística, monitoreo ambiental o control de actividades. Su presencia crece de manera exponencial, muchas veces sin que los ciudadanos adviertan bajo qué reglas operan, quién los controla o qué límites existen para su uso.

    El resultado es la emergencia de un nuevo plano territorial -invisible, pero intensamente utilizado- que carece aún de un ordenamiento claro desde la perspectiva local.

El régimen vigente y sus límites.

    La aeronáutica civil constituye una materia de regulación federal en la República Argentina, comprendiendo el territorio, el mar territorial, las aguas adyacentes y el espacio aéreo que los cubre, conforme lo establece el Código Aeronáutico (Ley N.º 17.285 y sus modificatorias). En ese marco, la noción de aeronave incluye tanto a las tripuladas como a las no tripuladas, abarcando a los vehículos aéreos no tripulados (VANT) o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).

    En los últimos años, el avance tecnológico y la reducción de costos han generado una expansión acelerada en el uso de estas tecnologías, tanto con fines recreativos como productivos, comerciales, científicos y de seguridad. Este fenómeno se manifiesta con especial intensidad en sectores estratégicos como el agropecuario, así como en ámbitos urbanos vinculados a servicios, logística y producción audiovisual.

    El proceso reciente de actualización normativa —que incluye el DNU N.º 70/2023, el Decreto N.º 663/2024 y la Resolución ANAC 550/2025— ha implicado un cambio relevante al adoptar un enfoque basado en el riesgo operacional, abandonando esquemas uniformes.

    Sin embargo, la regulación nacional no agota las necesidades normativas derivadas de la expansión del fenómeno. Por el contrario, el propio enfoque basado en riesgo presupone la existencia de múltiples escenarios que requieren respuestas adaptadas a las particularidades territoriales, ambientales y sociales de cada jurisdicción.

Concebida para otro escenario.

    Esa regulación vigente presenta una limitación estructural, porque ha sido concebida, en lo esencial, desde la lógica de la aeronáutica tradicional. Es decir, desde una perspectiva orientada a la seguridad de la navegación aérea, el control del espacio aéreo en términos macro y la habilitación técnica de operadores.

    Ese enfoque resulta necesario, pero claramente insuficiente. Los drones no operan principalmente en el “cielo” entendido como espacio de tránsito entre aeronaves, sino en el territorio concreto donde viven las personas. Vuelan sobre barrios, atraviesan zonas rurales productivas, se aproximan a infraestructuras críticas y, en muchos casos, interactúan directamente con la vida social.

    En este punto, la regulación centrada en la seguridad operacional deja sin respuesta cuestiones esenciales: la localización de las operaciones en áreas sensibles, los límites de proximidad respecto de las personas, la protección de la intimidad, del ambiente y de la salud, y -sobre todo- la determinación de la autoridad competente para definir estas reglas en función de cada territorio.

Regulación de proximidad, anotada para la nueva agenda.

    Frente a estas carencias, resulta necesario replantear el enfoque. La regulación de drones no puede agotarse en el plano nacional ni limitarse a los aspectos técnicos de la aeronavegación.

    Se impone incorporar una dimensión territorial en la que las provincias y, especialmente, los municipios asuman un rol activo. No se trata de interferir con las competencias federales sobre el espacio aéreo, sino de ejercer atribuciones históricamente propias: el ordenamiento del territorio, la protección de la salud y la seguridad pública, y la regulación de actividades en función del interés comunitario.

    Los municipios son, en este sentido, las jurisdicciones que mejor conocen las condiciones concretas de uso, los conflictos emergentes y las necesidades de sus comunidades. Son también el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos y, por lo tanto, el más adecuado para establecer reglas de convivencia en este nuevo espacio aéreo de proximidad.

Competencias locales: fundamento y necesidad.

    En el marco constitucional argentino, las provincias conservan poderes originarios (art. 121 CN), mientras que las competencias delegadas a la Nación son expresas y limitadas. En consecuencia, resulta jurídicamente viable que las provincias -y, por derivación, los municipios- intervengan normativamente en aspectos vinculados al uso de drones, siempre que no interfieran con la regulación federal del espacio aéreo.

    En la Provincia de Buenos Aires, esta intervención encuentra sustento adicional en su régimen constitucional y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que reconoce competencias locales en materia de seguridad, salubridad y ordenamiento urbano.

    Desde esta perspectiva, la regulación de proximidad no solo es jurídicamente posible, sino funcionalmente imprescindible. La determinación de zonas sensibles, la protección de áreas urbanas y periurbanas, la prevención de riesgos y la regulación de actividades específicas son materias que requieren decisiones situadas, imposibles de resolver exclusivamente desde el nivel central.

Un caso crítico: agroquímicos y zonas periurbanas.

    Uno de los aspectos más sensibles se vincula con el uso de drones para la aplicación de agroquímicos, particularmente en áreas rurales y periurbanas.

    Las estimaciones sectoriales muestran un crecimiento acelerado: de menos de 100 drones agrícolas importados en 2023 a aproximadamente 500 en 2024, con una expansión aún mayor en 2025 y 2026, acompañada por la incorporación masiva de equipos para usos recreativos y profesionales.

    Este crecimiento expone un déficit regulatorio evidente. El andamiaje de la aviación civil resulta insuficiente para gobernar prácticas con impacto directo en el territorio, como la pulverización en zonas próximas a áreas habitadas.

    Si bien estas tecnologías permiten aplicaciones más precisas, en ausencia de una regulación específica existe el riesgo de reproducir -o incluso intensificar- conflictos ya conocidos en torno a la exposición de poblaciones a sustancias potencialmente nocivas.

    La aplicación mediante drones introduce variables nuevas: menor escala, mayor flexibilidad operativa y capacidad de intervención en espacios más próximos a zonas habitadas. A diferencia de la aviación tradicional, deslocaliza las operaciones y dificulta los controles asociados a aeródromos y bases operativas.

    Así las cosas, la ausencia de reglas claras no constituye un vacío neutro, sino un factor de riesgo concreto.

Tecnología y democracia territorial.

    El debate sobre los drones no es, en definitiva, meramente técnico. Es una discusión sobre quién define las reglas de uso de una tecnología que impacta -y lo hará cada vez más- en la vida cotidiana.

    Ante tendencias regulatorias orientadas a la simplificación y apertura de mercados, existe el riesgo de que la expansión tecnológica avance más rápido que la capacidad institucional para encauzarla.

    La respuesta no puede ser la prohibición ni el rechazo al cambio, sino la construcción de marcos normativos inteligentes, democráticos y territorialmente situados.

    Regular no es obstaculizar: es garantizar que el desarrollo tecnológico se integre de manera armónica con los derechos, el ambiente y la vida comunitaria.

    El aire cercano -ese espacio donde los drones ya forman parte del paisaje- no puede quedar librado exclusivamente a lógicas técnicas o de mercado. Es también un espacio público. Y, como tal, debe ser gobernado con criterios de interés colectivo.

LOS TEROS LIBERTARIOS Y LAS TASAS MUNICIPALES

   Quienes vivimos en estas pampas planas conocemos bien al tero. Ante cualquier amenaza, este pájaro despliega una estrategia tan simple como eficaz: grita, revolotea y arma un gran alboroto lejos del lugar donde realmente están sus huevos. El objetivo es distraer al intruso, que termina mirando hacia otro lado mientras el nido permanece oculto.

Algo parecido ocurre por estos días en la discusión política sobre las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires.

Desde distintos voceros de La Libertad Avanza —con especial intensidad en el plano provincial y también en algunos bloques locales— se insiste en que los problemas del comercio, la producción y la competitividad en la Argentina tendrían una causa principal: la supuesta “excesiva aplicación de tasas municipales”. Según ese argumento, las comunas serían responsables de encarecer la actividad económica y de dificultar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

El planteo suena contundente. El problema es que los datos no lo sostienen.

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) sobre la carga impositiva en el sector agropecuario muestra con claridad cómo se distribuye el peso fiscal. Según ese estudio, el 93,6 % de la presión tributaria que recae sobre la renta agrícola corresponde a impuestos nacionales. Y más de la mitad de ellos —el 56,5 %— ni siquiera son coparticipables, es decir, quedan directamente en manos del Estado nacional.

En cambio, los impuestos provinciales explican el 5,7 % de la carga, mientras que las tasas municipales representan apenas el 0,7 %.

Dicho de otro modo: incluso si desaparecieran completamente las tasas municipales, el impacto sobre la estructura tributaria total sería prácticamente marginal.

Otro estudio, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, llega a una conclusión similar al analizar distintas cadenas productivas. En promedio, las tasas municipales explican apenas el 0,9 % del valor agregado bruto de esas actividades. Incluso en el sector donde su incidencia es mayor —el financiero— el impacto no supera el 1,7 %.

Los números, entonces, muestran que no es serio atribuir la falta de competitividad de la economía argentina a las tasas municipales.

Las dificultades reales que enfrentan la producción y el comercio se encuentran en otros factores mucho más determinantes: la dinámica del tipo de cambio, la apertura importadora en determinados sectores, la caída del mercado interno y la pérdida del poder adquisitivo de la población. Son variables macroeconómicas que dependen fundamentalmente de las decisiones adoptadas en el nivel nacional.

A esta discusión también se sumaron voces del propio interior bonaerense. El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, advirtió que en muchos planteos libertarios sobre el tema “hay un enorme desconocimiento de lo que es un municipio”. En particular, señaló que muchas de estas propuestas nacen en ámbitos políticos de la Capital Federal que desconocen la realidad cotidiana de las comunas del interior.

No todos los municipios son iguales. Las necesidades, la escala y la estructura de servicios varían enormemente entre el conurbano, las ciudades medianas del interior y los distritos rurales.

Pero hay algo que todos comparten: los municipios son el nivel del Estado que presta los servicios más inmediatos y concretos para la vida cotidiana. Desde la recolección de residuos hasta la atención primaria de la salud, desde el mantenimiento de calles hasta el arreglo de caminos rurales.

En el caso de estos últimos, por ejemplo, Flexas explicó que durante el último año su municipio destinó alrededor de 400 millones de pesos adicionales —por encima de lo aportado por los productores— para el mantenimiento de los caminos rurales.

También formuló una propuesta provocadora: eliminar las tasas municipales, sí, pero a condición de que el Estado nacional devuelva al distrito el 10 % de retenciones que recauda sobre la producción local.

La respuesta, por supuesto, nunca llegó.

Nada de esto significa que el régimen de tasas municipales sea perfecto o que no necesite revisión. Como ocurre con cualquier sistema tributario, las ordenanzas fiscales y tarifarias deben actualizarse periódicamente. Lo mismo sucede con muchas regulaciones municipales sobre habilitaciones comerciales o administrativas, que en varios distritos ya muestran el desgaste propio del paso del tiempo.

La simplificación normativa, la modernización administrativa y la reducción de trámites innecesarios son debates válidos y necesarios.

Pero una cosa es mejorar las reglas y otra muy distinta es convertir a las tasas municipales en el chivo expiatorio de todos los problemas de la economía argentina.

Porque cuando el ruido es demasiado grande, conviene mirar con más atención.

A veces el alboroto no es más que una maniobra de distracción.

Y en medio de tanto humo, igual se les ven los güevos. 🥚

El radicalismo bonaerense y la reconfiguración de la derecha rural

   El radicalismo del interior de la Provincia de Buenos Aires se constituyó, a partir de la irrupción del peronismo, en la expresión política de una derecha moderada en cada pueblo y ciudad del interior provincial¹.

    La pequeña burguesía urbana —comerciantes y profesionales formados mayoritariamente en universidades públicas, en especial en la Universidad Nacional de La Plata— encontró en los comités radicales bonaerenses un ámbito natural de militancia, articulado tanto en oposición al peronismo como en sintonía con las asociaciones empresarias (rurales y comerciales) y los colegios profesionales².

   En un escenario aún provisorio, el radicalismo bonaerense atraviesa hoy una crisis de identidad frente a la irrupción de una nueva ultraderecha de matriz libertaria, que parece disputar —y en buena medida capturar— su base electoral tradicional³.

   El cambio que se observa es más cualitativo que cuantitativo, y precisamente allí radica la preocupación de los herederos políticos de Alem e Yrigoyen. No se trata solo de porcentajes electorales, sino de un corrimiento ideológico profundo.

   El proceso en curso puede interpretarse como una suerte de sinceramiento de las posiciones más reaccionarias de amplios sectores medios. Aquello que antes se pensaba y se decía en voz baja, hoy se expresa sin complejos, y no pocas veces con un tono de abierto resentimiento.

   La nueva política exhibe, por un lado, la virtud de una brutal sinceridad; pero, por otro, el drama inhumano de la fragmentación social y la estigmatización de “los otros”.

   Convencidos de que su base electoral ya no les permite siquiera aproximarse al peronismo ni a otros espacios progresistas, los dirigentes radicales enfrentan una disyuntiva clara: o profundizan un corrimiento explícito hacia posiciones de derecha para retener votos⁴, o asumen el riesgo de prolongar el languidecimiento evidenciado en los ensayos electorales de 2025.

Notas del autor:

(1) En el conurbano bonaerense, salvo aisladas excepciones, el radicalismo carece de peso significativo.

(2) Durante lo que va del siglo, en Trenque Lauquen coexistieron dos hermanos conduciendo la Municipalidad y el Comité local; siendo ellos a su vez parientes cercanos de otras personas que encabezaron la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural. El bloque oficialista del Concejo Deliberante contó con la participación de dos expresidentes ruralistas. Ese mismo sector aportó, más recientemente, a la presidencia de CARBAP, entidad de segundo grado que el siglo pasado tuvo entre sus filas a quien fuera el último gobernador durante la última dictadura militar. Las composiciones de los consejos directivos de los colegios profesionales muestran amplia participación de dirigentes o adherentes al radicalismo.

(3) El análisis comparado de los resultados electorales locales de 2021, 2023 y 2025 en los distritos de la región permite observar que los porcentajes del peronismo se mantienen relativamente estables, mientras que resulta evidente una migración de votos radicales hacia las listas libertarias, aun frente a la pérdida de calidad de los candidatos presentados (ver https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/mapa-provincia-bsas.php).

(4) La derechización del radicalismo, precipitada con la alianza Cambiemos en 2015, ha permitido conservar ciertos territorios, como Mendoza o Corrientes.

Nota al margen. Podrá preguntarse el lector qué hace “este peroncho” analizando al radicalismo. La respuesta es múltiple: primero, porque tuve ganas; luego, porque es saludable tomar distancia por un rato de nuestros propios conflictos; y, finalmente, por la curiosidad ante la deriva de un partido centenario, de tradición reformista, convertido en furgón de cola del conservadurismo hasta su aparente desplazamiento —todavía en desarrollo— por la nueva ultraderecha libertaria.

Otra estafa libertaria: retenciones, renta financiera y concentración exportadora

   La reciente eliminación transitoria de retenciones a las exportaciones volvió a encender el debate sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas medidas. Aunque el Gobierno la presentó como un alivio para el sector productivo, los resultados iniciales parecen mostrar otra realidad.

   En cuestión de horas, cuatro o cinco grandes exportadoras presentaron declaraciones juradas por alrededor de 7.000 millones de dólares. En la práctica, esto les permite decidir cuándo liquidar esas exportaciones, asegurándose ventajas financieras que no están al alcance de productores medianos y pequeños.

   Lejos de representar un alivio generalizado para el sector, el beneficio se concentra en quienes tienen espalda financiera y capacidad para especular con tiempos y mercados.

   Este esquema no es nuevo: cada vez que se prioriza la lógica financiera sobre la productiva, aumenta la brecha entre quienes pueden aprovechar las condiciones del mercado y quienes apenas logran sostener su actividad. El riesgo es que, en lugar de incentivar la inversión y el empleo en las economías regionales, se profundice la concentración de beneficios en pocas manos.

   Más allá de las urgencias fiscales, el desafío sigue siendo diseñar políticas que realmente acompañen a la producción y el empleo, con reglas claras y estables que no dejen a los sectores más vulnerables a merced de las decisiones de los grupos más concentrados.

¿Son las ordenanzas municipales “legislación local” a los efectos de los artículos 2532 y 2560 del CCyC?

I. Introducción

La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) en 2015 introdujo un cambio relevante en materia de prescripción al reconocer que la “legislación local” puede fijar plazos distintos a los previstos en el derecho común (arts. 2532 y 2560).

Ambos preceptos habilitan al derecho público local a instituir regímenes específicos de prescripción, lo que plantea el debate sobre el alcance de esa expresión y, en particular, si las ordenanzas municipales se encuentran comprendidas en ella.

La cuestión adquiere especial relevancia en la Provincia de Buenos Aires, donde el artículo 278 del Decreto-Ley 6769/58 (“Ley Orgánica de las Municipalidades”) establece un plazo uniforme de prescripción para la acción de cobro de créditos tributarios y sancionatorios municipales.

Junto con los cuestionamientos a la constitucionalidad de los artículos 2532 y 2560 CCyC, surge otro interrogante central: ¿pueden las municipalidades, mediante ordenanza, apartarse de ese plazo y configurar un régimen autónomo?

II. Prescripción de créditos fiscales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sostenido reiteradamente que la prescripción es un instituto general del derecho, regulado por los Códigos de fondo (art. 75 inc. 12 CN).¹

Bajo el Código Civil derogado, en el caso “Filcrosa” la CSJN resolvió expresamente sobre la prescripción de créditos fiscales municipales (tasas), imponiendo su sujeción al Código Civil e invalidando la normativa provincial en contrario.²

Ese precedente afirmó que la prescripción no integra el derecho público local sino que constituye un instituto general. En consecuencia, las provincias, al delegar en la Nación la facultad de dictar los Códigos de fondo, aceptaron limitar su poder normativo. La doctrina fue reiterada en numerosos fallos.³

En la Provincia de Buenos Aires, tras Filcrosa, la SCBA adoptó esa doctrina, ratificándola en múltiples precedentes posteriores.⁴

Sin embargo, hubo voces disidentes. El juez Rosatti, en “Montamat” y “Volkswagen”, consideró excesivo interpretar la delegación del art. 75 inc. 12 CN como comprensiva de la prescripción de tributos locales.⁵ En la misma línea, el ministro Soria sostuvo que la prescripción tributaria siempre pertenece al derecho público local y que el nuevo Código de 2015 reconoció expresamente esa competencia provincial.

Hasta el presente, no se registran fallos que resuelvan la prescripción de tributos municipales devengados bajo el nuevo esquema normativo.

III. Constitucionalidad de los artículos 2532 y 2560

En relación con la constitucionalidad de los artículos 2532 y 2560 CCyC, la doctrina se encuentra dividida.

Algunos autores cuestionan la delegación legislativa implícita, sosteniendo que el reenvío a legislaciones locales colisiona con el art. 75 inc. 12 CN, que reserva a la Nación la regulación de los Códigos de fondo.⁶

Otros autores, en cambio, entienden que el reconocimiento de la “legislación local” fortalece la autonomía municipal sin desconocer la supremacía provincial.

La cuestión aún espera un pronunciamiento de la CSJN que armonice los principios federales con la coherencia del sistema jurídico argentino.

IV. Ordenanzas municipales versus ley provincial

Los artículos 2532 y 2560 CCyC obligan a precisar qué debe entenderse por “legislación local”.

La doctrina mayoritaria considera que las ordenanzas municipales la integran. Bidart Campos señaló que la autonomía municipal, reconocida en los arts. 5 y 123 CN, habilita a los municipios a dictar normas en su ámbito competencial con rango de “legislación” en sentido material.⁷ Cassagne destacó que el poder tributario y de policía municipal tiene fundamento constitucional y se expresa principalmente mediante ordenanzas.⁸ Lorenzetti, al comentar el art. 2532 CCyC, reconoció que la expresión “legislación local” comprende tanto leyes provinciales como ordenanzas municipales, siempre que versen sobre materias de su competencia.⁹

La CSJN ha reafirmado recientemente la autonomía municipal para dictar ordenanzas tributarias como legislación local.¹⁰ Sin embargo, esa autonomía encuentra límites en la supremacía de la legislación provincial, en especial cuando esta establece regímenes específicos, como el plazo quinquenal del art. 278 de la LOM bonaerense.

La SCBA ha confirmado que las ordenanzas que extienden ese plazo resultan inválidas por contravenir la jerarquía normativa.¹¹

Pese a ello, desde 2015 varios municipios sancionaron ordenanzas que ampliaron el plazo de prescripción de tasas y contribuciones. Tandil, en 2016, estableció diez años en su Ordenanza Fiscal. Trenque Lauquen hizo lo propio en 2018, fundándose en el art. 2532 CCyC.

Aunque la mayoría de los municipios mantiene el plazo quinquenal, la dispersión normativa genera desigualdad entre contribuyentes y debilita la seguridad jurídica.

A nuestro entender, el plazo quinquenal previsto en la LOM constituye un límite a la autonomía normativa municipal, la cual debe ejercerse siempre dentro de los marcos fijados por la Constitución y las leyes provinciales.

El cambio introducido por el CCyC no altera esa conclusión: la autonomía reconocida a la “legislación local” solo se activa en materias no reguladas por la legislación provincial.

V. Conclusión

Las ordenanzas municipales constituyen “legislación local” en los términos de los arts. 2532 y 2560 CCyC y pueden regular plazos de prescripción en materias propias de derecho público local.

Sin embargo, cuando la legislación provincial prevé un régimen específico (como el art. 278 LOM, PBA), las municipalidades no pueden apartarse de él. El límite lo impone la jerarquía normativa: la autonomía municipal se ejerce dentro del marco de la Constitución y de las leyes provinciales.

Debe primar una interpretación armónica entre autonomía municipal y supremacía de la legislación provincial, recordando que las provincias son las que delegan facultades al Estado federal y conservan otras (arts. 75 inc. 12 y 121 CN).

En definitiva, el reconocimiento del CCyC a la “legislación local” robustece la autonomía municipal, pero no autoriza a desconocer disposiciones provinciales. El equilibrio entre ambas fuentes garantiza coherencia y seguridad en el sistema federal argentino.

Notas

¹ CSJN, Fallos 176:115; 193:231; 285:209.

² CSJN, Filcrosa S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda, Fallos 326:3899 (2003).

³ CSJN, Fallos 330:4866; 333:1161, entre otros.

⁴ SCBA, Cooperativa Provisión Almaceneros de Punta Alta, 2007.

⁵ CSJN, Montamat (Fallos 342:1056, 2019); Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados (Fallos 342:1915, 2019).

⁶ Eduardo García Rajo, “La inconstitucionalidad de los arts. 2532 y 2560 CCyC”, TR LALEY AR/DOC/2214/2023.

⁷ Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, t. II, p. 483.

⁸ Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, t. I, p. 298.

⁹ Ricardo Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. VIII, p. 543.

¹⁰ CSJN, Municipalidad de Rosario c/ Banco Central de la República Argentina, Fallos 320:2089 (1997); Municipalidad de San Carlos de Bariloche c/ Provincia de Río Negro, Fallos 343:1673 (2020).

¹¹ SCBA, Expte. N° 45.678/2020.

Municipios al límite.

La expansión de competencias sin financiamiento adecuado aqueja a los gobiernos locales bonaerenses.

   En la Provincia de Buenos Aires, los municipios han asumido progresivamente funciones y responsabilidades que exceden las establecidas por la Constitución provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y otras normas complementarias.

   Este proceso de acumulación de competencias se da en un contexto de fuertes disparidades, tanto entre municipios como entre regiones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentran grandes densidades poblacionales y agudos déficits de infraestructura, las demandas son cada vez mayores. A la sombra de una Ciudad Autónoma con presupuesto per cápita muy superior, los municipios del conurbano han incrementado su participación en áreas que no les eran originalmente propias. En contraste, los municipios del interior enfrentan otro tipo de dificultades: baja densidad poblacional, extensiones territoriales enormes, ingresos propios escasos y limitada disponibilidad de recursos técnicos y profesionales.

Competencias por el ascensor: del alumbrado a la universidad

   Las funciones municipales abarcan desde los servicios públicos clásicos —como la recolección de residuos, el alumbrado y el mantenimiento de calles urbanas y rurales— hasta otros más modernos y complejos. Entre las competencias consideradas "originarias" se encuentran la salubridad, el control sanitario y bromatológico, la higiene urbana, la habilitación de comercios y las autorizaciones de obra y construcción.

   Algunas tareas se comparten con otros niveles del estado, como el control de zoonosis, las campañas de vacunación y la prevención en salud. En áreas como el ordenamiento urbano, la planificación territorial, la zonificación y la regulación del uso de agroquímicos, los municipios operan como autoridades primarias, aunque con competencias difusas y herramientas limitadas.

   Históricamente se han encargado del diseño urbano, la conservación de espacios públicos y edificios municipales, así como de actividades culturales, recreativas y turísticas. Pero en las últimas décadas, los municipios también han asumido roles en seguridad (como el control de tránsito y la videovigilancia), lo que ha llevado a la creación de juzgados de faltas ante el aumento de contravenciones.

   La expansión también alcanza áreas sensibles como el cuidado del ambiente, educación, cultura y deporte. Muchos municipios no solo mantienen edificios escolares o centros deportivos, sino que financian centros de estudios o incluso sedes universitarias descentralizadas.

  La asistencia social -incluyendo la alimentaria - crece en demanda y en presupuesto. Existen oficinas municipales para políticas de género y diversidad, defensa del consumidor, protección de la infancia, personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Recursos estancados

   La capacidad financiera de los municipios no ha acompañado este salto en responsabilidades. La recaudación de tributos locales crece a un ritmo mucho menor que el de las nuevas funciones. La coparticipación de impuestos provinciales y nacionales resulta insuficiente frente a las competencias transferidas.

   Las tasas clásicas —como la de seguridad e higiene, derechos de construcción o publicidad— han perdido peso relativo y sufren alta evasión. En las zonas rurales, los productores pagan tasas de conservación de caminos con la expectativa de una contraprestación concreta, en una lógica casi contractual entre contribuyente y Estado local.

   Uno de los sectores más críticos es el de la salud. En muchos distritos del interior, donde el sector privado está ausente, los hospitales y centros municipales son los únicos efectores disponibles. Esta realidad los obliga a atender a toda la población sin discriminación según su capacidad contributiva. La participación de gastos e inversiones en esa área programática presupuestaria rara vez baja del tercio del total.

   Seguramente quedan muchas otras funciones no enumeradas aquí, pero lo que sí resulta claro es que los municipios bonaerenses enfrentan una crisis estructural. Urge una reforma profunda del régimen municipal consagrado en la Constitución provincial y un nuevo esquema de financiamiento, más justo y acorde a las tareas que hoy les exige la ciudadanía.

La educación técnica de fiesta: cien años de historia en Trenque Lauquen

   La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 (E.E.S.T. N.º 1) de Trenque Lauquen se prepara para celebrar su centenario con una serie de actos y actividades programadas para los días 19 y 20 de junio de 2025. La institución, fundada el 15 de junio de 1925, fue la primera escuela secundaria del distrito y constituye un emblema de la educación técnica en la provincia de Buenos Aires.

   La historia de la escuela comenzó el 18 de junio de 1925, cuando abrió sus puertas en un edificio municipal ubicado en la esquina de las calles San Martín y Juan José Paso. Su primer director fue Andrés Nicolás Beraldo, quien encabezó la institución durante sus primeros seis años. El plantel docente inicial incluyó especialistas en carpintería, herrería, mecánica y dibujo técnico, consolidando desde sus orígenes un fuerte perfil técnico y profesional.

   Desde entonces, la institución atravesó diversas etapas y cambios de denominación: entre 1925 y 1943 fue la "Escuela de Artes y Oficios de la Nación", con ciclos de tres años dedicados a la formación en oficios. Luego se transformó en la "Escuela Técnica de Oficios" (1943-1948), ampliando sus estudios a seis años. De 1948 a 1961 adoptó el nombre de "Escuela Industrial de la Nación", y en 1961 pasó a llamarse Escuela Nacional de Educación Técnica N.º 1 "Campañas al Desierto" (E.N.E.T. N.º 1). Finalmente, con la reforma educativa, adquirió su actual denominación.

   En sus primeros años, la matrícula estaba compuesta exclusivamente por varones, pero en 1969 se incorporaron mujeres, marcando el inicio de una etapa inclusiva que perdura hasta hoy. Actualmente, la escuela ofrece especialidades en Técnico Mecánico y Maestro Mayor de Obras, además de cursos nocturnos en electricidad, reparación de radio y televisión, y dibujo técnico.

   A lo largo de su historia, la E.E.S.T. N.º 1 se ha destacado por su participación en olimpiadas técnicas, ferias de ciencias, proyectos solidarios y programas de pasantías en empresas y organismos públicos. Desde 1996, cuenta además con una residencia estudiantil que funciona como albergue para estudiantes del ámbito rural, ubicada a una cuadra del edificio principal.

   Hoy, la escuela continúa siendo un referente de la educación técnica, integrando saberes tradicionales con tecnologías modernas y fomentando el compromiso con la comunidad. Su legado refleja la evolución de la enseñanza técnica en Argentina a lo largo de un siglo.

   Para conmemorar los 100 años de vida institucional, una comisión organizadora compuesta por exalumnos, docentes y autoridades está planificando los festejos, que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de junio de 2025. Además, el senador provincial Walter Torchio, representante de la Cuarta Sección Electoral, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense para adherir a esta celebración, que reunirá a generaciones de estudiantes y educadores en un emotivo homenaje a la historia y el futuro de la educación técnica en Trenque Lauquen.

Derecho real de superficie y regulaciones urbanísticas.

Necesidad de regulaciones que no obstaculicen sino que otorguen certezas, para fomentar la difusión de una nueva figura jurídica.

   El Código Civil y Comercial de la Nación (CCC) amplió de forma significativa el alcance restringido que anteriormente tenía en Argentina el derecho real de superficie. Bajo la antigua Ley 25.509, su utilización estaba limitada a fines de forestación o plantación. En cambio, la legislación vigente permite constituirlo para construir, forestar o plantar (art. 2115, CCC).

   El superficiario puede ahora realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, el subsuelo y el vuelo del inmueble ajeno, adquiriendo la propiedad de lo edificado, plantado o forestado. En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la titularidad separada del dominio del suelo.

   A su vez, el derecho de superficie puede constituirse sobre la totalidad del inmueble o sobre una parte materialmente determinada del mismo (arts. 1883 y 2115, CCC), sin que exista restricción respecto a su alcance parcial o total.

   Se trata de una versión ampliada de este derecho real, que permite el desmembramiento temporario del dominio, bajo distintas modalidades, manteniéndose la coexistencia entre el derecho del superficiario y el del nudo propietario del inmueble.

   El potencial de esta figura es amplio y diverso, habilitando combinaciones hasta ahora poco exploradas tanto en el sistema jurídico como en el mercado inmobiliario argentino.

   El título es el contrato, en el que deben establecerse las condiciones de ejercicio del derecho y su plazo de duración, el cual no podrá exceder los máximos legales: setenta años para construcciones y cincuenta años para plantaciones o forestaciones.

  El derecho se instrumenta mediante escritura pública, y su inscripción registral le otorga oponibilidad frente a terceros (art. 1892, CCC). Dicha inscripción se realiza en la matrícula en la que conste inscripto el dominio o condominio, debiendo consignarse el plazo pactado, las condiciones resolutorias, los datos del superficiario y los de la escritura de constitución.

Aspectos registrales y urbanísticos

  En la Provincia de Buenos Aires, los aspectos registrales se encuentran regulados por disposiciones administrativas como la Resolución 21/2023 de ARBA y la Disposición Técnico Registral 5/2018 del Registro de la Propiedad Inmueble, las cuales han simplificado determinados requisitos, permitiendo prescindir de mensuras e intervenciones municipales en ciertos casos.

  No obstante, tanto desde el punto de vista registral como del ordenamiento urbano y territorial, resulta imprescindible contemplar supuestos en los que el ejercicio del derecho real de superficie pueda alterar factores como la ocupación del suelo, la densidad poblacional, las morfologías edilicias, los usos permitidos, o provocar un incremento en la demanda de servicios públicos. Asimismo, pueden generarse obligaciones tributarias locales asociadas al incremento del valor inmobiliario.

   Es importante destacar que, en los análisis doctrinarios sobre esta y otras figuras introducidas por el Código Civil y Comercial de 2015, ha predominado un enfoque iusprivatista que, en muchos casos, ha desatendido la necesaria consideración de la normativa urbanística aplicable en la localización de los inmuebles.

   No coincidimos con quienes atribuyen la escasa difusión del derecho real de superficie a presuntas exigencias burocráticas, como la presentación de un certificado de estado parcelario actualizado. Por el contrario, entendemos que dotar al instituto de marcos normativos claros y previsibles en sus dimensiones registral, urbanística y tributaria aporta mayor certidumbre jurídica a las partes intervinientes.

   En ese último aspecto en particular, se observa una falta de criterios claros para determinar los efectos fiscales derivados del derecho de superficie, tanto en relación con impuestos provinciales como con aquellos que inciden sobre la base imponible de tributos nacionales.

Propuesta regulatoria

   Sostenemos que debe asegurarse la intervención de la autoridad competente en materia de uso del suelo cuando la constitución del derecho de superficie recaiga sobre una parte del inmueble, equiparable a una subdivisión en el uso y goce del bien, o cuando genere impactos sobre factores urbanísticos relevantes, tales como la densidad, el uso permitido o la ocupación del suelo, o implique una plusvalorización inmobiliaria sujeta a tributos.

   En el ámbito bonaerense, siendo cada municipio la autoridad primaria en esta materia, corresponde que otorguen el visado previo en los planos de mensuras, elaborados por profesionales habilitados, como requisito previo a su inscripción registral.

  Dicho visado podrá omitirse en los casos en los que el derecho de superficie se constituya sobre la totalidad del inmueble y no implique modificaciones geométricas ni alteraciones urbanísticas sustanciales. En tales supuestos, bastará con la cita de planos preexistentes acompañados del correspondiente estado parcelario actualizado, conforme a lo que determine la reglamentación de la autoridad de aplicación.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el #246 de "Café de las Ciudades".

https://cafedelasciudades.com.ar/articulos/derecho-de-superficie-y-regulaciones-urbanisticas/?fbclid=IwY2xjawLcmh9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFsU3psNXNFMm9DQjJ4cEQ0AR7WhAgVRBSDyKZ31E1QDIOn6bMSIkmr1gWwabzJLlDoQyhjfbBsqYs8FMcdUA_aem_894otFYni2ln_iC_diubWg

El juego que enseña a vivir: Ajedrez en educación y reinserción

   Diversas investigaciones han destacado los efectos positivos del ajedrez en el funcionamiento cerebral. Este juego obliga a los jugadores a recordar movimientos previos, analizar estrategias y prever las respuestas del adversario. En un mundo donde la capacidad de atención es cada vez más limitada, el ajedrez se presenta como un excelente entrenamiento para mejorar la concentración. Aunque pueda parecer un juego rígido, el ajedrez constituye un espacio ideal para la creatividad. Cada partida exige planificar movimientos futuros, evaluar múltiples escenarios y anticipar las jugadas del oponente, habilidades fundamentales no solo en el ajedrez, sino también en la vida cotidiana.

  Desde esta perspectiva, la incorporación del ajedrez en instituciones públicas puede ser una herramienta valiosa de inclusión, que promueva el aprendizaje significativo de contenidos y la articulación de diversos sistemas de lenguaje.

El ajedrez como herramienta educativa y de inclusión social

  Los educadores coinciden en que la memoria, la imaginación y la visualización son pilares fundamentales para el aprendizaje en la infancia. En 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó su inclusión en los niveles primario y secundario en todos los países miembros. Sin embargo, en la Argentina, aún no forma parte de la Ley Nacional de Educación, por lo que su enseñanza es sui generis y depende del interés de cada provincia, sin una valoración uniforme de su potencial pedagógico.

   En este contexto, cabe destacar antecedentes como los lineamientos sobre “Ajedrez Educativo” difundidos en 2022 por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

   En el plano internacional, merece especial atención la Declaración de 2012 del Parlamento Europeo, mediante la cual se instó a la Comisión Europea y a los Estados miembros a apoyar la introducción del ajedrez en los sistemas educativos, por considerarlo un medio eficaz para que los niños desarrollen "la creatividad, la intuición y la memoria". En España, el reconocido periodista especializado Leontxo García escribía en 2015, en el diario El País, que “el ajedrez como asignatura es desde hoy uno de los poquísimos asuntos que concitan el acuerdo unánime de los partidos políticos españoles”.

   Mientras se debate sobre su inclusión como materia curricular o extracurricular, sobre su carácter obligatorio u optativo, sobre la edad ideal de inicio o el perfil idóneo del instructor (entre la pedagogía del docente y el conocimiento del ajedrecista), lo cierto es que su incorporación a los programas escolares sigue postergándose.

El ajedrez tras las rejas, una mirada integral

 En cuanto al uso del ajedrez en contextos penitenciarios, se ha demostrado que varios de sus beneficios coinciden con necesidades centrales en dichos entornos. Además de mejorar la toma de decisiones, el pensamiento estratégico y la concentración, el ajedrez fomenta la resolución de problemas sin violencia, al exigir planificación y anticipación de consecuencias. Asimismo, ayuda a reducir la impulsividad, enseña a manejar la frustración (por ejemplo, al perder una partida) y promueve la empatía, al invitar a los jugadores a “ponerse en el lugar del oponente”. También favorece la integración y la disciplina, al crear espacios de diálogo respetuoso entre internos —incluso entre grupos en conflicto— y al establecer rutinas estructuradas, fundamentales para la readaptación postpenitenciaria.

   Existen experiencias exitosas en este sentido. En la Unidad Penitenciaria N.º 3 de Mendoza, se implementó un programa de ajedrez con el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyos resultados mostraron mejoras en la conducta y una reducción de incidentes violentos. La organización “Ajedrez para la Libertad” (Córdoba) desarrolla actividades en cárceles federales, combinando torneos con talleres de reflexión ética.

   No ignoramos los argumentos que consideran estas iniciativas como una “solución romántica” en contextos donde aún no se garantiza el acceso real a derechos básicos. Sin embargo, sin desconocer las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, esta propuesta puede contribuir —con bajo impacto presupuestario— a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. En este sentido, recomendamos como material de referencia el libro Ajedrez tras las rejas, de Diego Rasskin (análisis de casos en América Latina), o el estudio Chess as a Rehabilitation Tool in Prisons (Journal of Correctional Education, 2020).

El talento precoz de Faustino Oro y el mundo digital.

 El ajedrez ha tomado un renovado impulso a nivel mundial gracias a la proliferación de plataformas digitales, que permiten a personas de todo el mundo jugar partidas en línea (en modalidades rápidas o clásicas), tomar lecciones, analizar partidas y seguir competencias en tiempo real. 

   En el caso de Hispanoamérica, el fenómeno se ve reforzado por el asombroso desempeño del niño argentino Faustino Oro, quien se ha convertido en el maestro internacional más joven de la historia. 

  Estas circunstancias pueden potenciar aún más las acciones para fomentar la práctica de este “deporte-ciencia”.