El nuevo estatuto del trabajador rural aprobado por ley la semana pasada nos remonta al origen del peronismo. Curiosas coincidencias, retrocesos vergonzosos y reacciones sorprendentes se jalonan en esta historia.
El 17 de octubre de 1944, un año exacto antes del parto de uno de los movimientos políticos populares más destacado de Latinoamérica, se establecía la primera regulación laboral del trabajador rural.
El Estatuto del Peón de Campo fue establecido mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional . Su autor era Tomás Jofre. Su mentor y sostén político el entonces Secretario de Trabajo y Previsión, Coronel Juan Domingo Perón, quien luego como Presidente propiciaría su ratificación por ley del Congreso en 1949.
Imponía condiciones de trabajo humanitarias para los asalariados rurales, por lo que significó un visible cambio en las estancias, en muchas de las cuales se mantenían prácticas semi-serviles y paternalistas heredadas desde la época colonial.
El Estatuto y sus modificaciones fue derogado en 1980 por el Dictador Videla y su Ministro Martinez de Hoz (descendiente de quienes habían recibido cientos de miles de hectáreas de campo de manos de Julio A. Roca y se habían opuesto rabiosamente al Estatuto de 1944). En su lugar, la “ley” de facto 22.248 sancionó un régimen autónomo de Trabajo Agrario, que no contemplaba la regulación de las relaciones laborales de los llamados «trabajadores no permanentes» y que ponía a los trabajadores rurales en general por debajo de los pisos de derechos y garantías que establece la Ley de Contrato de Trabajo para el resto de la masa laboral argentina.
Esa situación de desigualdad era una rémora del “Proceso” y una asignatura pendiente vergonzosa de la democracia. Subsistían hasta ahora las condiciones de empleo desfavorables, con escasos beneficios sociales, lo que situaba al trabajador en una posición de desprotección. Mientras tanto las continuas modificaciones que se fueron produciendo en materia de legislación laboral, como así muchos de los logros y beneficios obtenidos para el conjunto de los trabajadores argentinos, no incluían a los empleados del sector agropecuario, lo que profundizaba aún más la brecha existente entre éstos y el resto.
Seguirá pendiente reducir drásticamente la precariedad laboral en el ámbito rural, donde se siguen detectando situaciones cercanas de reducción a la servidumbre. El sector duplica la media nacional.
La nueva ley implica una reparación histórica que debió esperar más de un año para ser aprobada por un Congreso que miraba para otro lado. La votación en Senadores (68 votos a favor y el único voto en contra de Carlos Menem) habla finalmente del apoyo de todas las fuerzas políticas.
Insólitamente, los dirigentes del gremio agrario salieron a cortar calles y autopistas en protesta por su sanción. Una vez más, como lo hicieron durante las últimas décadas, privilegian sus intereses por sobre el de los trabajadores que dicen representar.
(*) Diario La Opinión de Trenque Lauquen (Ediciím impresa del 27-12-2011, Edición digital: http://www.laopinion.com.ar/columnas/2590-breve-historia-de-una-ley-que-resume-otras-historias.html
