Según el informe brindado anoche por el Intendente Municipal ante el Concejo Deliberante, una abrumadora mayoría de las compras y contrataciones realizadas durante 2020, fue decidida en forma directa por unos pocos funcionarios.
Eso es lo que surge de la presentación de Miguel Fernández ante los Concejales en ocasión de inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Deliberativo.
Del total contratado por cerca de 900 millones de pesos (si se suman adquisiciones de bienes de uso, de consumo y servicios no personales) casi todas se adjudicaron en forma directa. De acuerdo al detalle proporcionado por el propio titular del Ejecutivo, sobre 14.152 ordenes de compras de todo 2020, en solamente 32 casos se acudió a concurso de precios, en 42 a licitaciones privadas y solamente en dos se instrumentaron licitaciones públicas.
Ello quiere decir que el resto, mas de 14.000, fueron decididas en forma directa por los funcionarios del área (Oficina de Compras y Secretaría de Administración), quienes dispusieron de tal modo la facultad discrecional de elegir productos, precios y proveedores.
Las formas en las que los municipios deben adquirir bienes o contratar servicios están reglamentadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y los reglamentos de Contabilidad, y exigen distintas modalidades según las importancias económicas de los asuntos.
Si bien hay erogaciones que no son alcanzadas por esas normativas, llama la atención que la mayoría de los contratos regulados -por centenares de millones- hayan quedado por “debajo del radar” de los mecanismos que, además de exigir mayor publicidad, permiten tener la certeza que los precios pagados son los más ventajosos del mercado.
Esta extraña situación seguramente motivará que los Concejales y la delegación zonal del Tribunal de Cuentas pongan sus lupas sobre lo actuado en materia de proveedores y compras durante el próximo tratamiento de la Rendición de Cuentas del pasado Ejercicio.
