Errática política sobre ordenamiento urbano en la Provincia de Buenos Aires

 El ordenamiento urbano en nuestra provincia se regula por normas locales (ordenanzas) que no adquieren vigencia hasta ser convalidadas por la provincia (Decreto del Poder Ejecutivo).   



   No es la primera vez que nos ocupa ese proceso de convalidación provincial de normas urbanísticas municipales.

(ver:  https://juliocollado.blogspot.com/2016/09/el-proceso-de-convalidacion-provincial.html )

    Es lo previsto en la “Ley de Uso del Suelo” (art. 83 Dec-Ley 8912/77), en el que intervienen hoy organismos con denominaciones distintas a los previstos en el original art. 73.

   Incluso la sanción de las tales regulaciones locales debe estar precedida de un proceso con intervención y conformidad del organismo provincial competente (art. 83 citado), lo que en la práctica se ha desarrollado mediante “acuerdos de asistencia”.

   O sea, toda tarea  local sobre ordenamiento urbano, involucre proyectos particulares y/o generales, quedaría como simple material académico o mero antecedente teórico, sino se concreta en disposiciones jurídicas de cumplimiento exigible.

Gestión de la Gobernadora Vidal.

   Si esta cuestión venía con problemas, ello se ha agudizado desde 2015, con una política provincial errática y sucesivos cambios en el organigrama del poder ejecutivo provincial.

   Desde diciembre de 2015 han estado vigente tres leyes de ministerios introduciendo cambios en el Ejecutivo provincial (Leyes 14.803, 14.852 y 14.989).

   Luego de las cuales se han dictado los correspondientes decretos reglamentarios complementarios, que se han sucedido después de cada ley, derogándose unos por otros.

   En lo tocante a la materia de ordenamiento urbano, también hubo diversos cambios.

   Para simplificar describimos solamente las  últimas etapas que abarcan desde enero 2018 hasta la actualidad: la ultima ley de ministerios 14.989 (dic 2017) ubicó a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUyT) en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (con organización y facultades reguladas por Decreto 35/18, enero 2018).

   Pero en diciembre de 2018  el Decreto 1668/18 se dictó especialmente para migrar a partir de 2019 el organismo hacia el Ministerio de Gobierno (Nota: Este decreto, además, delega en el Ministro de Gobierno las facultades que tiene la Gobernadora  por artículo 102 del Decreto-Ley 8912/77, lo que ha despertado críticas bajo el supuesto que se persigue una regularización "expres" de cientos de Barrios Cerrados situados en el conurbano).

   En resumen, es el cuarto cambio en tres años en materia de política de ordenamiento y órgano de aplicación.

   Ello ha producido falta de certidumbre en los operadores de la misma Dirección (profesionales de planta, empleados) y confusión entre las instituciones y terceros que deben vincularse con la misma (municipios, otros organismos públicos), quienes desconocen el interlocutor autorizado.

   Podemos decir entonces que la política de ordenamiento urbano de la Provincia ha estado prácticamente paralizada durante los últimos cuarenta meses. Cambios inexplicados, idas y venidas, todo lo cual hace presumir tensiones por intereses económicos vinculados a desarrollos inmobiliarios en el Gran Buenos Aires, cuyas consecuencias afectan a los bonaerenses.

Otro problema: Ausencia de diferenciación en las políticas y en la  organización gubernamental  para realidades diferentes.

   Queda claro que las problemáticas de ordenamiento territorial del conurbano bonaerense (características urbanas, cuestiones ambientales, de comunicación, etc) difieren radicalmente respecto de nuestras PEQUEÑAS E INTERMEDIAS CIUDADES PAMPEANAS.

   Sin embargo, es el mismo organismo –con sus recursos profesionales y materiales- el que tiene competencia para el tratamiento de realidades tan diferentes.

   Se impone por ello la creación de una subdependencia provincial con competencia exclusiva en el ordenamiento territorial y urbano del “interior provincial”.

   Debería propiciarse una decisión política al respecto, como un cambio necesario para afrontar las dificultades descriptas.