La actual conducción del gobierno nacional ha establecido como premisa que el estado debe prescindir de ejecutar obra pública.
Durante el Ejercicio 2024 no se planificó ninguna obra nueva y se paralizó el financiamiento de casi la totalidad de las que estaban en marcha.
La mayor parte de la obra pública se dedica, en todos los paises, a la construcción, mejoramiento o conservación de infraestructuras básicas. Rutas, canales, puentes, puertos, elevadores, ductos para el trasporte de gas, petroleo, agua o electricidad, edificios y equipamientos para los servicios de salud, seguridad, educación, justicia, presidios, y la lista sigue.
Haber alcanzado el declamado equlibrio fiscal mediante la reducción de jubilaciones y salarios, y la eliminación de la inversión en infraestructuras es una manta corta.
Cualquier empresario privado sabe que debe contablizar la amortización de los bienes afectados a su proceso (productivo, comercial o de servicios).
La empresa transportista tiene que calcular la necesaria reposición de las unidades de su flota, un industrial sabe que la vida útil de sus maquinarias es limitada, y hasta los instrumentos de un oficio o profesional deben ser periódicamente repuestos.
Quien no hace tales previsiones en algún momento se verá impedido de funcionar, luego el funcionamiento de la actividad se verá en peligro de subsistencia.
Algo parecido ocurre en el sector público. El deterioro paulatino de la infraestructura es costoso en términos de productividad, crecimiento económico y calidad de vida de las personas.
Lo que hoy el régimen libertario festeja como un logro es en realidad un pasivo creciente que costará años recuperar.
