El crecimiento del endeudamiento de personas y familias en Argentina ya dejó de ser un fenómeno exclusivamente financiero para convertirse en un problema social. Detrás de los números aparecen hogares que recurren al crédito no para comprar un bien durable, para emprender o mejorar su calidad de vida, sino para cubrir gastos corrientes, tales como alimentos, servicios, medicamentos o alquileres.
La raíz del problema está en el deterioro sostenido de los ingresos. Salarios que pierden frente a la inflación, jubilaciones insuficientes y pequeñas empresas o comercios que venden menos y enfrentan mayores costos generan una situación de fragilidad permanente. Cuando el ingreso no alcanza, el crédito aparece como una herramienta de supervivencia.
En ese proceso, aumentan los saldos financiados en tarjetas de crédito, los préstamos personales y el uso de sistemas de financiamiento ofrecidos por plataformas digitales. Pero el problema no es solamente el acceso al crédito, sino sus condiciones. Mientras las entidades pagan tasas muy bajas a los ahorristas por sus depósitos o saldos inmovilizados, cobran intereses extremadamente elevados a consumidores y usuarios. La brecha entre tasas pasivas y activas resulta cada vez más difícil de justificar.
A la vez, emergieron nuevos actores de intermediación financiera que operan con escasa regulación en comparación con el sistema bancario tradicional. Empresas tecnológicas y plataformas de pagos como Mercado Libre, a través de sus ecosistemas financieros, ofrecen préstamos inmediatos y financiamiento al consumo con costos que, en muchos casos, alcanzan niveles usurarios. La facilidad de acceso, sumada a la urgencia económica de millones de personas, crea una combinación explosiva.
El sobreendeudamiento también deteriora la calidad de vida. La incertidumbre económica cotidiana genera angustia, insomnio, conflictos familiares y sensación de inseguridad respecto del futuro. Muchas personas viven atrapadas en una rueda en la que toman deuda para pagar deudas anteriores, perdiendo progresivamente capacidad de decisión sobre su economía personal.
Por eso el debate no debería limitarse a la rentabilidad bancaria o a los indicadores de morosidad. También debería incluir cuestionamientos a las recientes eliminaciones de algunos mecanismos de protección para consumidores. El actual Gobierno nacional, en su frenesí desregulatorio -que equivale a liberar al zorro en el gallinero-, impide cualquier mecanismo orientado a establecer límites razonables a las tasas de interés y mayores controles sobre prácticas de cobranza y financiamiento digital.
Porque cuando el crédito deja de ser una herramienta de desarrollo y se transforma en una condición para poder comer, el problema ya no es individual, es social.
