INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMA EDUCATIVO

 Carreras que cambian, saberes que envejecen

        La irrupción de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes está provocando una transformación mundial con efectos sobre prácticamente todos los aspectos de la actividad humana. La economía, el trabajo, la producción y la educación ya están siendo alcanzados por cambios cuya profundidad todavía resulta difícil dimensionar.

Algunos comparan este proceso con una nueva revolución industrial. Otros sostienen que sus consecuencias podrían ser incluso mayores, principalmente porque las innovaciones actuales se expanden con una velocidad desconocida en transformaciones tecnológicas anteriores.

No sabemos con precisión cuántos empleos desaparecerán, cuántos serán creados ni cuáles serán las profesiones más demandadas dentro de diez años. Pero parece claro que una parte importante de las tareas que hoy realizan las personas será automatizada, asistida o profundamente modificada.

Esto no significa necesariamente que vayan a desaparecer los abogados, contadores, programadores, traductores, diseñadores o ingenieros. Pero muchas de las tareas que tradicionalmente justificaban su intervención podrán realizarse mediante herramientas automáticas, en menos tiempo y a menor costo.

Por eso, algunas calificaciones que hasta hace apenas un lustro eran presentadas como garantía de un “gran futuro” ya están siendo revisadas. La programación informática, los servicios financieros, la traducción, el diseño, la atención al cliente y numerosas tareas jurídicas y administrativas se encuentran entre las actividades más expuestas.

El problema no consiste únicamente en elegir correctamente una carrera. También existe el riesgo de que parte del conocimiento adquirido al comenzar los estudios haya perdido vigencia al momento de la graduación.

El caso chino

      China parece haber tomado nota de esta situación. Entre 2021 y 2025, sus universidades eliminaron o suspendieron alrededor de 12.200 programas de grado y crearon otros 10.200. La reorganización alcanzó a más del 30 % de la oferta universitaria del país.

Las reducciones se concentraron principalmente en programas de artes, humanidades, idiomas y administración considerados saturados o escasamente vinculados con las nuevas necesidades laborales y productivas. Paralelamente, comenzaron a crecer las especialidades relacionadas con inteligencia artificial, robótica y semiconductores.

        Sin embargo, esas decisiones estan siendo cuestionadas por amplios sectores, en tanto podrían ser apresuradas o equivocadas.

Esto no significa que la Argentina deba copiar el modelo chino ni que las humanidades, las ciencias sociales o las carreras tradicionales hayan dejado de ser valiosas. Subordinar toda la educación a las demandas inmediatas del mercado sería tan equivocado como ignorar las transformaciones que ya están ocurriendo.

La universidad debe producir conocimiento, desarrollar pensamiento crítico, promover la investigación y formar ciudadanos. Pero tampoco puede permanecer indiferente frente a la pérdida de vigencia de determinados contenidos, la saturación de algunas orientaciones o la aparición de nuevas competencias profesionales.

Revisar qué y cómo se enseña

     La discusión educativa no puede resolverse agregando una materia denominada “Inteligencia Artificial” dentro de programas que permanecen intactos. Lo que está en cuestión es más profundo: qué conocimientos vale la pena enseñar, cuáles pueden delegarse a las máquinas y qué capacidades deberán conservar y fortalecer las personas.

Esta revisión involucra a todos los niveles educativos. En la escuela deberán reforzarse la comprensión lectora, el razonamiento lógico, la creatividad, la capacidad de argumentar y el juicio crítico. En la formación técnica y universitaria será necesario integrar los conocimientos específicos de cada disciplina con competencias digitales, interpretación de datos y manejo responsable de herramientas automatizadas.

También deberán modificarse las formas de enseñar y evaluar. Cuando una aplicación puede redactar, traducir, programar o resumir en pocos segundos, la memorización pierde parte de su centralidad. En cambio, adquieren mayor importancia la capacidad de formular buenas preguntas, detectar errores, comprender contextos, relacionar saberes y asumir responsabilidad por las decisiones adoptadas.

La pregunta, entonces, ya no es solamente qué carrera conviene estudiar. También debemos preguntarnos qué clase de profesional podrá seguir siendo útil en un mundo donde casi todos tendrán acceso a las mismas herramientas tecnológicas.

Discusiones urgentes

     Existe una comprensible desorientación entre educadores, padres, estudiantes y orientadores vocacionales. Recomendar hoy una carrera universitaria exige admitir que nadie conoce con certeza cómo será ejercida dentro de diez o quince años.

Pero la incertidumbre no puede justificar la inmovilidad. Las universidades, los institutos técnicos, las autoridades educativas y los consejos profesionales deberían comenzar una revisión permanente de sus carreras y contenidos. No para perseguir cada novedad tecnológica ni para clausurar apresuradamente disciplinas tradicionales, sino para evitar que los estudiantes inviertan años en adquirir competencias que podrían perder rápidamente su utilidad.

Durante mucho tiempo imaginamos la vida profesional como una secuencia estable: estudiar una carrera, obtener un título, ejercer una profesión y jubilarse dentro de ella. Ese modelo está perdiendo vigencia. La formación deberá ser más flexible, interdisciplinaria y continua.

Tal vez no podamos anticipar cuáles serán exactamente las profesiones del futuro. Pero sí podemos preparar personas capaces de aprender, desaprender y volver a aprender durante toda su vida.

La transformación ya comenzó. La educación no puede limitarse a observarla. Es un tema para ocuparse, ahora.

CODENOBA. El muerto que nadie quiere enterrar.

        El Consorcio para el Desarrollo del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires -más conocido como CODENOBA- nació en 1994, cuando nueve municipios decidieron articular esfuerzos frente a las inundaciones que afectaban buena parte de la región. 

Con el tiempo, aquella cooperación inicialmente defensiva se amplió hacia objetivos más ambiciosos de desarrollo productivo, social, cultural y territorial (ver nota 1)

Tres décadas después, sin embargo, aquella experiencia parece haber quedado reducida a una estructura formal, sin actividad institucional concreta.

Es cierto que buena parte de la dirigencia política regional -de manera transversal, tanto territorial como partidariamente- parece haber sostenido un consenso implícito para preservar su aletargada existencia. Quizá se esperaba que llegaran tiempos más propicios para recuperar una agenda común. Pero, a esta altura, la prolongada hibernación ya no puede presentarse como una pausa prudente, porque es parálisis total, y prolongada.

Actualmente, el estatuto incluye como municipios parte a Alberti, Bragado, Carlos Casares, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Nueve de Julio, Rivadavia, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bolívar, Daireaux y 25 de Mayo.

El Consorcio se encuentra comprendido en el régimen de la Ley provincial 13.580, que reconoce a estas asociaciones intermunicipales personería propia y plena capacidad jurídica, y dispone que su funcionamiento se rija por la ley, por sus estatutos y por las restantes normas aplicables.

Su organización institucional no es sencilla. Cuenta con una Mesa Ejecutiva, integrada por los intendentes municipales, que constituye el órgano superior y soberano del Consorcio; una Presidencia, ejercida por uno de esos intendentes; una Secretaría Administrativa; un equipo técnico; y una Asamblea Deliberativa, representativa de los Concejos Deliberantes de los municipios asociados.

La Presidencia es elegida por sus pares y permanece dos años en el cargo, con posibilidad de reelección por otro período consecutivo (en la práctica, es tomada como una carga que se reparte en forma rotativa). Entre sus atribuciones se encuentran representar al Consorcio, administrar el organismo, convocar y presidir la Mesa Ejecutiva y elevar a la Asamblea los instrumentos presupuestarios e informes de gestión.

La Asamblea Deliberativa, por su parte, debe integrarse con tres concejales por cada municipio: dos por la mayoría y uno por la primera minoría. Sus miembros deben ser designados mediante decreto de cada Concejo Deliberante. Le corresponde, entre otras funciones, aprobar el Plan Anual de Recursos y Gastos, examinar la rendición de cuentas, recibir los informes semestrales y formular recomendaciones sobre el proceso de integración regional.

Nada de lo descripto funciona regularmente.

       El Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo constitucional encargado de examinar las cuentas públicas provinciales, municipales y de otros entes sujetos a su jurisdicción, debe seguir controlando anualmente a una institución que conserva existencia jurídica, aunque prácticamente no tenga vida política.  Como el CODENOBA sigue formalmente vigente, el Tribunal observa la falta de integración de la Asamblea y extiende prima facie el señalamiento al presidente del Consorcio y a quienes presidieron los Concejos Deliberantes involucrados. En los últimos ejercicios, la imputación comprendió simultáneamente a las autoridades legislativas de todos los municipios integrantes.

Dicho sea de paso, los presidentes de los departamentos deliberativos locales terminan cargando con una responsabilidad que, en rigor, no es exclusivamente suya. La designación de representantes no depende de una decisión individual de la Presidencia, sino de un decreto aprobado por cada Concejo Deliberante como cuerpo colegiado. La inacción, por lo tanto, corresponde al órgano en su conjunto y no puede trasladarse mecánicamente a quien conduce sus sesiones.

Pero esa discusión administrativa no debe ocultar el problema político central. Esto es que el CODENOBA carece de presupuesto, de autoridades plenamente constituidas, de rendiciones examinadas estatutariamente y, sobre todo, de una agenda regional reconocible. Subsiste porque nadie toma la decisión de reactivarlo, reformularlo o disolverlo.

Le falta aquello que en el lenguaje jurídico suele denominarse affectio societatis, como la voluntad efectiva de sus integrantes de sostener una organización común y colaborar para cumplir sus fines. No alcanza con aparecer en un estatuto. Una asociación requiere participación, órganos en funcionamiento, decisiones, recursos y objetivos compartidos.

El Consorcio que entusiasmó a intendentes y dirigentes de la década de 1990 parece haber muerto, pero nadie quiere arremangarse para enterrarlo (2).

(1) Una publicación vinculada a la UNESCO, con exceso de entusiasmo, califica al Consorcio como “logro argentino”. Mas allá de eso, recoge información interesante. Ver aquí: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140238_spa

(2) Disculpe el lector el sesgo necrológico de este artículo. A riesgo de ser considerado de mal gusto, entiendo, sin embargo, que la metáfora resulta necesaria para describir una institución a la que nadie parece dispuesto a devolverle la vida, pero que tampoco nadie se decide a declarar definitivamente extinguida.