Luces y sombras en la gestión de las finanzas municipales en Trenque Lauquen.
Alfredo Zambiasio deja este lunes 31 de agosto la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Trenque Lauquen, después de más de 6 años de haber ocupado un lugar central durante las gestiones de Miguel Fernández y Francisco Recoulat.
Sería injusto desconocerle dedicación, capacidad de trabajo y habilidad profesional. También deja, según destacan las autoridades municipales, una administración financieramente ordenada.
Pero una gestión pública no se mide sólo por sus números. También debe evaluarse por las reglas que deja, por la transparencia con que ejerce el poder y por la forma en que el Estado trata al vecino que tiene menos herramientas para defenderse.
Desde esa perspectiva, el balance de “Don Alfredo”, como se lo nombra en los pasillos municipales, es bastante más discutible.
La UMI y el poder de aumentar sin debate
Una de sus principales innovaciones fue la Unidad de Medida Impositiva -UMI-, incorporada con la reforma tributaria de 2020. Las tasas dejaron de fijarse directamente en pesos y pasaron a expresarse mediante una unidad actualizable con índices económicos.
La explicación técnica es atendible, evitar que la inflación obligue a modificar constantemente la Ordenanza Impositiva.
Pero el problema es institucional, desde que el sistema trasladó al Departamento Ejecutivo buena parte de una facultad propia Concejo Deliberante. Y permitió, además, administrar los tiempos de los aumentos. Postergarlos cuando resultaba políticamente conveniente y acelerarlos después, mediante decretos mucho menos visibles que una discusión legislativa.
Eficiencia administrativa, seguramente. Transparencia, bastante menos.
Prescripción, pagar lo que no es exigible.
Más cuestionable todavía resulta el tratamiento de las deudas municipales.
Si bien la modificación de la normativa local establece un plazo de prescripción de diez años, ante el pedido de los pocos vecinos informados el Ejecutivo reconoce por decreto el plazo quinquenal (5) de la ley provincial.
Mientras tanto, los que tienen menor acceso a esa información, cuando acuden a la oficina competente para regularizar deudas se encuentran periodos prescriptos e intereses moratorios elevados que pagan con esfuerzos y planes de regularización. El que no sabe, se jode.
Eso se vincula también con la creciente cantidad de ejecuciones judiciales, que últimamente no solo afectan inmuebles valiosos sino modestas viviendas familiares. En los últimos años vienen aumentando los juicios de apremio en los que los contribuyentes demandados disponen de un plazo exiguo para defenderse. Si ignoran cuál parte de la deuda puede estar prescripta, no consultan rápidamente a un abogado o simplemente dejan vencer el plazo, terminan pagando buena parte de capital no exigible, intereses y costas.
El Municipio conoce perfectamente esta cuestión, como lo demuestra expresamente en resoluciones que atienden el reclamo de pocos. La mayoría de los vecinos comunes no.
Esa desigualdad de información también es una forma abusiva de ejercer el poder fiscal.
El acceso a la electricidad como herramienta de cobranza
La misma lógica apareció con el llamado “libre deuda” municipal. Hacienda sostuvo una interpretación que permite condicionar el permiso necesario para acceder a la energía eléctrica al pago de obligaciones municipales que pueden ir mucho más allá del inmueble cuya conexión se solicita.
Desde el punto de vista recaudatorio, el mecanismo es eficaz, porque se retiene un permiso indispensable imponiendo exigencias extravagantes.
En algunos casos, los problemas se resuelven luego de implorar el visto bueno arbitrario de algún funcionario influyente. Pero quienes más padecen estas prácticas no suelen ser los grandes contribuyentes asesorados, sino quienes tienen menos recursos económicos, jurídicos y culturales para discutir con la Administración.
El Municipio dispone de todo un elenco de herramientas legales, tales como intimaciones, apremios y medidas cautelares. Pero convertir el acceso a un servicio esencial en otra herramienta de cobranza supone avanzar demasiado. Otra vez, se joden los más vulnerables.
El caso AGM, todo legal.
Ocupó buen espacio en la discusión pública local la relación profesional de Zambiasio con AGM Constructora del Oeste S.A., empresa que se convirtió en una importante contratista municipal.
Conviene evitar exageraciones. No existe, hasta donde se conoce, una resolución administrativa o judicial que haya establecido contrataciones irregulares o delitos. Zambiasio rechazó públicamente las acusaciones formuladas en 2023 y dio explicaciones ante el Concejo Deliberante.
Pero persiste el dato objetivo, acreditado por documentos públicos, acerca de la intervención del Estudio Zambiasio en la formación y asesoramiento de una empresa que después obtuvo numerosas contrataciones municipales.
Puede no haberse probado una incompatibilidad legal. Pero la ética pública exige algo más que evitar conductas prohibidas. Exige también prevenir situaciones en las que intereses privados anteriores y responsabilidades públicas posteriores quedan peligrosamente próximos. Conflicto de intereses, le dicen.
El legado
En suma, Alfredo Zambiasio ha sido bastante más que un secretario de Hacienda. Tuvo conocimientos técnicos, dedicación e influencia decisiva sobre las políticas tributarias y financieras de dos administraciones municipales.
Precisamente por eso corresponde medirlo con una vara exigente. Deja cuentas que el oficialismo considera ordenadas. Pero también deja mecanismos que debilitaron ostensiblemente al Deliberante frente al Ejecutivo, redujeron la transparencia de las decisiones tributarias y endurecieron la posición del Estado frente a grupos de contribuyentes menos informados y por tanto más vulnerables.
Administrar bien no es solamente recaudar, pagar y cerrar balances. También importa cómo se recauda, cuánto poder se concentra para hacerlo y qué posibilidades reales tiene un vecino común de defenderse.
En esos aspectos, el balance del supersecretario está lejos de ser tan prolijo como sus cuentas.
