El autor se interna en la polémica sobre los indicadores sociales y toma dos estudios ajenos al Gobierno, de la UCA y Cippec, para verificar si se han consolidado los avances después de 2007.
Por Alejandro Rofman (Investigador principal del Conicet)
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-204339-2012-09-27.html
El proceso de recomposición del tejido social en la Argentina contemporánea sigue teniendo versiones e interpretaciones variadas. El descenso de todos los índices de insatisfacción social en el período 2003-2007 no ha sido cuestionado por ningún observador objetivo y sus evidencias forman parte de los análisis tanto de los que apoyan el modelo vigente como de quienes lo discuten. Pero el estudio de lo acaecido desde el año 2007 ha instalado una polémica que permanece abierta, impidiendo (hasta hace muy poco) alcanzar un juicio certero, aceptado por todos, acerca de la evolución de la situación social en este último tramo.
Esa polémica se fundamenta en el cuestionamiento a los valores de los principales indicadores sociales, cuya certeza se supone afectada en su cálculo. En particular, la severa crítica a los datos del Indec sobre la variación de los precios al consumidor pone en tela de juicio la versión oficial de que la mejoría de la situación social persiste y se ha ido consolidando.
Dos recientes estudios colaboran decididamente en saldar esa polémica.
El primero de ellos fue publicado por la Universidad Católica Argentina, en julio de este año. Resume una investigación de su Observatorio de la Deuda Social Argentina y se denomina “Asimetrías en el desarrollo humano y social (2007-2010/11)”. El documento, prologado por el presbítero doctor Víctor Manuel Fernández, rector de la universidad citada, menciona entre otros agradecimientos, a “la gerencia de responsabilidad social del Banco Galicia y a la Fundación Diario La Nación”, por “la confianza y el permanente apoyo brindado al desarrollo de las investigaciones que hicieron posible la elaboración del presente documento”, así como la valiosa colaboración del área de responsabilidad social de la empresa Cablevisión.
El otro documento es fruto de un estudio realizado por el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Su actividad, según los logos que se insertan en la carátula y en la página final del informe “100 políticas para potenciar el desarrollo”, exhibe como auspiciantes a empresas de capital nacional o extranjero, como Mapfre, Nobleza Piccardo, Vale y Telefónica, entre otras.
Queda totalmente claro, entonces, que ambos informes están redactados y sostenidos económicamente por sectores sociales totalmente desconectados del aparato oficial y de sus seguidores.
Las informaciones que se pueden extraer de ambos documentos son de muy alto valor testimonial sobre la más reciente evolución de los principales procesos sociales en la Argentina. El documento de la UCA afirma que “durante el segundo año del Bicentenario (se refiere al año 2011, nota mía) tuvo lugar una rápida recuperación del terreno perdido en materia económica después de los embates de la crisis internacional de 2009 y 2010 (...). Según la mayor parte de los especialistas, el año 2007 fue el mejor momento del modelo político-económico postdevaluación a lo largo de la primera década del siglo XXI. Esto hace que dicho año se constituya en un parámetro ideal a partir del cual evaluar los eventuales logros o retrocesos durante los años 2010-2011”.
El documento reconoce que el tramo 2003/2007 fue apreciado por quienes analizan la evolución económica y social de la Argentina como el de más alto desempeño de toda la década. La pregunta, entonces, es si entre 2007 y 2011, la declinación económica acaecida en los dos años de crisis mundial y su impacto en la Argentina logró ser superado o continuó prevaleciendo. Veamos los datos que el instituto de la UCA consigna en su informe para dar respuesta a este interrogante.
“Son bien conocidos los avances que tuvieron lugar en la última década en la ampliación de los derechos sociales, el importante crecimiento que experimentó la economía, la extensión de la asistencia pública y el mayor esfuerzo laboral emprendido en función de aprovechar las nuevas oportunidades de movilidad social” (página 17). El texto no merece demasiado comentario dado que es concluyente en afirmar que, desmintiendo opiniones en contrario, se experimentó un apreciado avance económico y social singular en toda la década inicial de este siglo al amparo del modelo político-económico vigente.
Por supuesto, no se detiene en ese juicio laudatorio, pues agrega que los problemas de marginalidad, pobreza, indigencia, entre otros, siguen “siendo debilidades de una sociedad que crece, consume y progresa (...). A pesar de las mejoras alcanzadas durante casi una década de continuado y extraordinario crecimiento socioeconómico, queda mucho por hacer en materia de desarrollo humano, integración social, justicia social (...) para el alcance de una ciudadanía plena en derechos para todos”. Estas conclusiones son similares a las que se escuchan de importantes dirigentes políticos y sociales que acompañan al gobierno actual, incluyendo repetidas observaciones incluidas en recientes discursos de la señora presidenta de la Nación.
Veamos, entonces, los datos estadísticos básicos para definir la trayectoria del proceso económico y particularmente social entre el mejor año de la década, 2007, y el 2011. Nos centraremos en dos datos estratégicos. El primero se refiere al ingreso per cápita familiar, es decir, el que corresponde a cada integrante de un hogar cualquiera sea el tamaño del mismo en cantidad de personas que lo integran. Esta información, que surge de los registros del Observatorio Social de la UCA, se la estima de dos maneras: con el índice oficial de precios del Indec o con el promedio ponderado de crecimiento de los índices de las siete provincias que llevaban, entre los años 2007 al 2011, registros mensuales de variación de los precios al consumidor.
La media de los ingresos anuales de los hogares a precios constantes, deflacionados según el índice de precios combinados de siete provincias, ascendió a 4768 pesos. Si se coteja este dato con los de los años 2007 y 2010, calculados también en base a la metodología de la UCA, resulta que la variación de los ingresos familiares entre 2007 y 2010 resulta positiva en un 1,2 por ciento, y entre 2007 y 2011 en un 11,9 por ciento. Es decir, que, pese a los efectos negativos de la crisis mundial en 2008 y 2009, prosiguió la expansión de este indicador fundamental del bienestar familiar.
Los datos de Pobreza e Indigencia acompañan el sesgo favorable de la evolución del ingreso familiar arriba comentado. El estudio del Observatorio utiliza canastas básicas totales y canastas de alimentos imprescindibles basadas en los índices de precios de las siete provincias, descartando totalmente los del Indec, pues impugna estos últimos por “manipulación política”. Estos valores de canastas básicas son sustancialmente mayores a los que se calculan por el Indec. Pese a este cambio de medición, el Observatorio Social de la UCA reconoce que la pobreza calculada por ingresos retrocedió desde el 26,9 por ciento en el año 2007 al 26,6 en 2010, y al 21,9 en el año 2011. Debemos recordar que el índice de regresión social en el año 2003 superó el 53 por ciento, por lo que la reducción total entre el inicio del período constitucional bajo la presidencia del doctor Kirchner y el cierre del último año (nueve años de extensión) supuso una disminución de la pobreza en un 60 por ciento, lo que da cuenta de un significativo avance de la equidad social.
En cuanto a la indigencia (que indica la situación específica de un habitante que, con sus ingresos, no está en condiciones de adquirir una canasta básica de alimentos) los datos del Observatorio de la UCA revelan que la tasa respectiva estaba en el 8,1 por ciento de la población en el año 2007 (3 millones de habitantes), subió en el año 2010 al 9,2 y se redujo en el año 2011 al 5,4 por ciento de toda la población (dos millones 100 mil habitantes). Ello indica que la disminución de la indigencia fue entre 2003, cuando afectaba al 27 por ciento de la población del país, y el año 2011, de 22 puntos porcentuales, lo que implica que cayó en nada menos que un 80 por ciento (UCA, página 58).
El documento de la UCA aporta un párrafo muy ilustrativo: “En términos dinámicos, cabe destacar que la caída de la indigencia y de la pobreza exhibida durante el último año (2010-2011) fue particularmente intensa en el estrato social socioeconómico más bajo (25 por ciento inferior) y, asimismo, en villas y asentamientos precarios y en los barrios de sectores populares dentro de la traza urbana formal”.
La información sobre la dinámica social que aporta el estudio del Cippec se refiere a la pobreza por región del país entre los años 2001 y 2010. Esta información ofrece datos sobre pobreza más reducidos, en el año final, que los que consigna el informe de la UCA-Observatorio Social. Así, para el Nordeste, la región con peor situación social, el mapa de la pobreza indica un descenso significativo: era del 57,2 en 2001 y cayó al 18,5 en 2010. En el Noroeste, el descenso fue del 48,3 por ciento de sus habitantes en el año 2001 a 11,8 en 2010. Para la región Cuyo, del 39,6 por ciento de pobres en el 2001 se pasó en el año 2010 a sólo el 9,8. En la región pampeana, los datos consignan un 37,1 de pobreza en 2001 y un 9,6 en 2010. En la poblada área del Gran Buenos Aires, los índices de pobreza caen del 37,1 al 9,6. Y en la región patagónica, donde la situación social es la mejor de todo el país, los índices de pobreza total son del 23,2 en el año 2001 y se repliegan al 5,8 en 2010 (Cippec, cap. 3, página 58).
Como conclusión de este recorrido relevante de datos, entre el cierre de la convertibilidad y los tiempos que corren, sólo cabe agregar que los mismos son impactantes en cuanto al progresivo y firme horizonte de progreso social y justicia distributiva que ha tenido lugar en esta nueva etapa. La fuente de las estadísticas que corroboran esta información es de procedencia insospechada y no se la puede acusar de ser cercana o afín a las ideas de quienes han conducido el país en los últimos nueve años. Es posible afirmar, entonces, que el debate en torno de la bondad del proyecto de desarrollo vigente desde el año 2003 ha sido definitivamente cerrado con los datos transcriptos, que puntualizan los evidentes beneficios que para los sectores sociales que menos recursos e ingresos tienen ha venido deparando la política económica del desarrollo con inclusión y equidad social aplicada en la reciente década.
