El reclamo merece ser escuchado. Si una obra social recibe prestaciones y no las paga durante meses, perjudica al prestador, al hospital y, finalmente, al paciente. Sobre eso no debería haber demasiada discusión.
Pero el episodio tiene una historia. Y algunas historias conviene recordarlas antes de convertir cada conflicto con el Estado en una nueva clase magistral sobre los males del Estado.
En 2010 tuve la oportunidad de participar, como concejal del oficialismo municipal, en la gestación de lo que considero todavía hoy una excelente iniciativa.
El entonces intendente Jorge Barracchia, junto con los cardiólogos locales encabezados por Marcelo Bassino y Raúl Delamata, impulsó la creación de un Servicio de Hemodinamia que Trenque Lauquen no tenía y necesitaba.
El Municipio, por sí solo, no podía reunir el equipamiento ni los especialistas necesarios. Los médicos, por su parte, difícilmente podían montar aisladamente una estructura hospitalaria de semejante complejidad.
¿La solución? Ni estatizarlo todo ni privatizarlo todo. Algo bastante menos épico y bastante más inteligente: cooperar.
El Hospital Municipal aportó espacio físico, infraestructura, internación, logística y hotelería clínica. Los profesionales privados aportaron inversión, equipamiento, conocimiento especializado y trabajo. Se estableció además que las prestaciones serían facturadas a las obras sociales —entre ellas IOMA y PAMI— y que quienes carecieran de cobertura podrían ser atendidos gratuitamente.
No fue una concesión vergonzante al capitalismo ni una infiltración soviética en la medicina privada. Fue una buena política pública. Y funcionó.
Funcionó durante años, salvó vidas, evitó traslados, incorporó tecnología y permitió que una ciudad relativamente pequeña dispusiera de prestaciones que antes obligaban a viajar cientos de kilómetros.
Yo mismo, años después, tuve la inesperada oportunidad de comprobar como paciente cuánto vale tener esa capacidad médica disponible a pocos minutos de casa (también un reciente ex intendente y muchos vecinos conocidos).
Por eso resulta curioso escuchar ciertos discursos contemporáneos como si la aventura hubiera comenzado ayer y el Servicio de Hemodinamia fuese una isla privada acosada desde las costas por un Estado intruso.
No. El Estado estaba allí desde el primer ladrillo. Estaba cuando cedió el espacio. Estaba cuando construyó infraestructura. Estaba cuando puso a disposición el Hospital. Estaba en la internación, en los servicios complementarios y en el sistema sanitario que hizo posible que aquella inversión privada tuviera sentido económico y médico.
La asociación público-privada no fue un accidente del modelo. Fue el modelo.
Y aquí aparece una curiosa especie política de nuestro tiempo: el austríaco estatal. Es aquel que admira a Hayek, sospecha de Keynes y probablemente preferiría que el Estado adelgazara hasta caber en una servilleta; pero que desarrolla su actividad dentro de un hospital público, utiliza infraestructura pública, presta servicios a afiliados de organismos públicos y, llegado el caso, reclama —con razón— que esos organismos públicos le paguen.
Nada de eso es objetable. Lo objetable sería olvidar una mitad de la ecuación. Porque también en esto existe una versión criolla del liberalismo. El Estado es una calamidad cuando debe pagarme, pero deja misteriosamente de serlo cuando construye el edificio en el que trabajo.
IOMA debe cumplir sus obligaciones. Si debe dinero, debe pagarlo. Y debe hacerlo en tiempo y forma, porque detrás de una deuda administrativa hay insumos, salarios, profesionales y pacientes cuya salud no admite la parsimonia burocrática.
Pero esa legítima exigencia no demuestra el fracaso de lo público. Demuestra exactamente lo contrario, que cuando construimos instituciones donde lo público y lo privado cooperan, ambas partes tienen obligaciones.
En Trenque Lauquen ya lo habíamos entendido en 2010, con Jorge Alberto Barracchia liderando. Quizás no éramos tan modernos. Ni tan austríacos.
