Aísla a jueces y fiscales de la sociedad civil.
Mediante Acuerdo N° 3872 dictado en La Plata el pasado 25 de
octubre, el Superior
Tribunal de la Provincia le prohíbe a magistrados y funcionarios de
ese Poder Judicial el ejercicio de cargos directivos en entidades
educacionales, tanto públicas como privadas.
También excluye a los jueces y las funcionarios del Ministerio Público de toda participación en órganos de administración o fiscalización en todo tipo de personas jurídicas, lo que abarca por ejemplo a asociaciones civiles, simples asociaciones y sociedades cooperativas.
También excluye a los jueces y las funcionarios del Ministerio Público de toda participación en órganos de administración o fiscalización en todo tipo de personas jurídicas, lo que abarca por ejemplo a asociaciones civiles, simples asociaciones y sociedades cooperativas.
Algunos interpretan la medida como una desproporcionada reacción defensiva ante el embate insinuado por el Presidente de la Nación contra las prolongadas ferias judiciales y los acotados regímenes horarios de algunos organismos.
Otros simplemente lo
califican como subproducto del aislamiento que los supremos judiciales, desde
sus herméticos y suntuosos despachos sobre la Avenida 13 de La Plata, vienen
demostrando en los últimos años.
El caso es que a los
magistrados y funcionarios (Secretarios, auxiliares letrados, peritos, Jefes de
Oficinas) quedan fuera de participación, aún en forma gratuita, en entidades
educativas.
Paradoja, la única actividad extrajudicial que se les permite en forma asociada es la defensa de sus intereses corporativos..
A lo largo y ancho de la Provincia más poblada del país, miles de sociedades cooperadoras, de fomento, asociaciones culturales, de ayuda mutua, clubes deportivos, bibliotecas populares y muchas otras formas de organización popular verán partir a personas que, en forma solidaria y desinteresada, participaban de las mismas con compromiso de buenos ciudadanos, padres o simples vecinos.
Una verdadero apartheid social, que acentuará hasta niveles extremos la tendencia al aislamiento que se observan en algunos sectores judiciales.
A partir de prohibiciones existentes aceptadas como
razonables, por ejemplo las del ejercicio del comercio o industria (art. 21 ley 13.661), para impedir que actividades ajenas a la función interfieran
material o moralmente con ésta, evitando que intereses económicos o
profesionales puedan presionar la conciencia del juez, influyendo sobre la
imparcialidad que debe primar en sus determinaciones (aunque tal prohibición no
alcanza curiosamente las actividades productivas de materias primas con fines
de lucro), la Suprema Corte ha entendido necesario avanzar previniendo también que tales personas contraigan “obligaciones que por su
naturaleza o caracteres impidan o siquiera perturben el cumplimiento apropiado
de las funciones especificas que tienen asignadas”. Con ello, entre otros
razonamientos de dudosa constitucionalidad, los meten dentro de una burbuja.
Luego, tras invocaciones al principio de la independencia
judicial, incursionan en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades de
los integrantes del Poder Judicial que sólo podría ser reglamentado por ley
(clara interferencia a la división de poderes).
Hay pasajes que rozan lo ridículo. Como cuando se alude a la conveniencia
de evitar actividades que afecten la dedicación que exige la función judicial,
por medio de la no asunción de otras actividades que pudieran perjudicar su
normal funcionamiento.
Cabe preguntarse si se trata de una moneda de cambio para evitar la extensión de los horarios judiciales que llegan desde la Gobernación, o –ya
tomándolo con humor- el anticipo de nuevas vedas tales como actividades deportivas, fiestas sociales o asados
con amigos.-
En fin, raros vientos de cambio también llegan al Poder
Judicial, cuya función en un Estado de Derecho es tan crucial como peligroso
que sus integrantes se crean ubicados por fuera del Pueblo que integran.
