#AgendaPBA
La representatividad que da sustento a la democracia en la República Argentina, en lo atinente a la conformación de ambas cámaras del Congreso, está prevista en nuestra Constitución Nacional.
En el caso de la Cámara de Diputados, sus integrantes son elegidos directamente en proporción a la población de cada provincia por un período de cuatro años. Es por ello que, a los fines electorales, el país se divide en 24 distritos (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) debiendo elegir cada uno de ellos sus diputados en forma proporcional al número de habitantes.
La inteligencia constitucional es clara al establecer igualdad de representación a las provincias en el Senado, asignando igual cantidad de senadores para cada una de ellas, mientras que los diputados son asignados de acuerdo al tamaño de la población.
La última ley dictada en ese sentido fue la 22.847, del año 1983, según la cual, en función de la cantidad de habitantes que surgió del censo realizado en 1980, se definió que un diputado por cada 161.000 habitantes. Sin embargo, la misma ley establece que cada provincia y la Capital Federal deben adicionar, a la cifra resultante, tres diputados más. Y si aun así, en alguna unidad federativa la cantidad de diputados que su pueblo elige fuera inferior a cinco, el mínimo se eleva a esa cantidad, lo que ha desvirtuado la proporcionalidad pretendida por la Constitución.
Así las cosas, hace cuarenta y tres años que no se modifica la cantidad de Diputados Nacionales, aun cuando, desde entonces, la población aumentó un 65%, siendo evidente que en la distribución actual, la Provincia de Buenos Aires se ve perjudicada.
Del cruce entre los resultados del censo de población 2022 y la actual conformación de la Cámara de Diputados de la Nación se desprende que la provincia de Buenos Aires es la más subrepresentada y, en consecuencia, la más perjudicada. Otras provincias sufren el mismo fenómeno, aunque en menor medida.
Entendemos que la falta de proporcionalidad descrita tiene por causas criterios políticos de anteriores momentos históricos, que han llevado a violentar el espíritu constitucional. En la realidad no se ajustó la designación a los resultados reflejados en los censos.
Corresponde propiciar entonces modificaciones legislativas que respeten la representatividad perseguida en nuestro texto constitucional en la Cámara baja, lo que otorgará mayor equilibrio federal y aumentará la calidad en la representación y comunicación entre representantes y representados.
En otras palabras, las leyes que reglamentan disposiciones constitucionales deben satisfacer la voluntad de los constituyentes en todas las cláusulas de la ley suprema en general, y en torno a la organización política nacional en especial, ajustando la cantidad de representantes en la medida que se incrementa o decrece en términos relativos la población de cada provincia o de la Ciudad Autónoma.
