En la Provincia de Buenos Aires, los municipios han asumido progresivamente funciones y responsabilidades que exceden las establecidas por la Constitución provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y otras normas complementarias.
Este proceso de acumulación de competencias se da en un contexto de fuertes disparidades, tanto entre municipios como entre regiones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentran grandes densidades poblacionales y agudos déficits de infraestructura, las demandas son cada vez mayores. A la sombra de una Ciudad Autónoma con presupuesto per cápita muy superior, los municipios del conurbano han incrementado su participación en áreas que no les eran originalmente propias. En contraste, los municipios del interior enfrentan otro tipo de dificultades: baja densidad poblacional, extensiones territoriales enormes, ingresos propios escasos y limitada disponibilidad de recursos técnicos y profesionales.
Competencias por el ascensor: del alumbrado a la universidad
Las funciones municipales abarcan desde los servicios públicos clásicos —como la recolección de residuos, el alumbrado y el mantenimiento de calles urbanas y rurales— hasta otros más modernos y complejos. Entre las competencias consideradas "originarias" se encuentran la salubridad, el control sanitario y bromatológico, la higiene urbana, la habilitación de comercios y las autorizaciones de obra y construcción.
Algunas tareas se comparten con otros niveles del estado, como el control de zoonosis, las campañas de vacunación y la prevención en salud. En áreas como el ordenamiento urbano, la planificación territorial, la zonificación y la regulación del uso de agroquímicos, los municipios operan como autoridades primarias, aunque con competencias difusas y herramientas limitadas.
Históricamente se han encargado del diseño urbano, la conservación de espacios públicos y edificios municipales, así como de actividades culturales, recreativas y turísticas. Pero en las últimas décadas, los municipios también han asumido roles en seguridad (como el control de tránsito y la videovigilancia), lo que ha llevado a la creación de juzgados de faltas ante el aumento de contravenciones.
La expansión también alcanza áreas sensibles como el cuidado del ambiente, educación, cultura y deporte. Muchos municipios no solo mantienen edificios escolares o centros deportivos, sino que financian centros de estudios o incluso sedes universitarias descentralizadas.
La asistencia social -incluyendo la alimentaria - crece en demanda y en presupuesto. Existen oficinas municipales para políticas de género y diversidad, defensa del consumidor, protección de la infancia, personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Recursos estancados
La capacidad financiera de los municipios no ha acompañado este salto en responsabilidades. La recaudación de tributos locales crece a un ritmo mucho menor que el de las nuevas funciones. La coparticipación de impuestos provinciales y nacionales resulta insuficiente frente a las competencias transferidas.
Las tasas clásicas —como la de seguridad e higiene, derechos de construcción o publicidad— han perdido peso relativo y sufren alta evasión. En las zonas rurales, los productores pagan tasas de conservación de caminos con la expectativa de una contraprestación concreta, en una lógica casi contractual entre contribuyente y Estado local.
Uno de los sectores más críticos es el de la salud. En muchos distritos del interior, donde el sector privado está ausente, los hospitales y centros municipales son los únicos efectores disponibles. Esta realidad los obliga a atender a toda la población sin discriminación según su capacidad contributiva. La participación de gastos e inversiones en esa área programática presupuestaria rara vez baja del tercio del total.
Seguramente quedan muchas otras funciones no enumeradas aquí, pero lo que sí resulta claro es que los municipios bonaerenses enfrentan una crisis estructural. Urge una reforma profunda del régimen municipal consagrado en la Constitución provincial y un nuevo esquema de financiamiento, más justo y acorde a las tareas que hoy les exige la ciudadanía.
